Lawfare, o la continuación de la política en Tribunales

Quince años atrás, un general norteamericano pensó en “el uso de la ley como arma de guerra”. Hoy, en Brasil, Ecuador y Argentina, esta guerra no convencional ha repuesto a la derecha en la mayoría de los gobiernos de la Región

Por Laureano Barrera de Agencia PeryciaPublicado en edición impresa Pulso Noticias

Durante las guerras napoleónicas, el general y filósofo prusiano Karl von Clausewitz escribió una frase que se volvió más famosa que su propio nombre: “La guerra es la continuación de la política por otros medios”. Después de la primera mitad del siglo XX, las guerras entre países estaban prácticamente extinguidas y la Doctrina de la Seguridad Nacional, exportada desde Estados Unidos, había puesto a los ejércitos a masacrar las organizaciones guerrilleras fronteras adentro. Ese plan, ideado en el Pentágono, tuvo una coordinación continental que se llamó “Plan Cóndor”: las dictaduras del Cono Sur mancomunándose para perseguir opositores políticos.

Hace algo más de quince años, con la democracia como forma de gobierno consolidada en la región y sin margen social para sacar los tanques a la calle, la derecha buscó –y encontró- unos nuevos otros medios para continuar la política: apagó las luces de los cuarteles y se mudó al Palacio de Tribunales.

Así nació el Lawfare. El concepto, de origen anglosajón, se compone de dos elementos: la ley y la guerra. Su traducción más popularizada es la de “Guerra jurídica”. Sobre su primera aparición hay matices, pero suele decirse que lo acuñó el general Charles J. Dunlap en el año 2001, en un ensayo para la Universidad de Harvard.​ En el paper, Dunlap definió el Lawfare como “el uso de la ley como arma de guerra”.

La jurista Graciana Peñafort, en una definición más actual y doméstica, lo calificó como “el uso indebido de los mecanismos institucionales para la persecución y el hostigamiento de opositores políticos”. Lo hizo en una mesa donde se debatía el vínculo cada vez más impúdico entre el Poder Judicial y la prensa. Porque para que el Lawfare sea eficaz, para que el círculo se complete, es imprescindible la entrada en acción del tercer puntal de la troika.

Porque, a ver, pensemos: ¿de cuánto serviría que unos funcionarios judiciales hacendosos impulsaran las causas judiciales contra líderes rivales, incluso que las hicieran avanzar sin demasiadas pruebas, si la ciudadanía no se entera de que ha estado viviendo entre políticos narcos, mafiosos y coimeros?

Entonces aparecen los medios con todo su poder de fuego. Las tapas de los diarios acusan y los zócalos televisivos sentencian. Si los expedientes finalmente se investigan y las denuncias iniciales no se comprueban, ya casi nadie se acuerda; el daño está hecho. Los ejemplos sobran y no alcanzaría para detallarlos el suplemento entero. Ignacio Lula Da Silva, el ex presidente de Brasil, está preso por haber recibido una supuesta dádiva -un tríplex en la Playa de las Asturias- de la constructora OAS a cambio de contratos durante su gobierno. Y el juez Sergio Moro, que se encarnizó con él, hoy es ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. En Argentina, la ex presidenta Cristina Fernández acumula once procesamientos en causas con el juez Claudio Bonadío, e irá a juicio oral por aplicar el Dólar Futuro, una medida monetaria que también aplicó Cambiemos. A Rafael Correa se lo investiga por favores a la empresa “Odebrecht”.

Si el mundo para las derechas fuera idílico, todos los prisioneros de esta nueva guerra tendrían que terminar presos. A veces, como con Lula, se les cumplió el deseo. Sin embargo, cuando se frustran los planes de máxima, alcanza con sacarlos del juego: el menú incluye la destrucción de su imagen pública, la multiplicación de expedientes obligándolos a una defensa judicial permanente, o un exilio literal, amenazando su libertad ambulatoria con una orden de captura. Esos matices, en principio, parecieran depender de la popularidad del líder y la correlación de fuerzas.

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