El Defensor del Pueblo disertó en la apertura del 2do Congreso de Preparaciones en Farmacia, donde recordó que la Corte Suprema todavía no resolvió sobre el intento de la cadena para instalarse en territorio bonaerense, lo que implicaría un serio riesgo para el modelo vigente que prioriza la salud pública por sobre las reglas del mercado.
“Se pone en riesgo no solo la actividad farmacéutica, si no la independencia de la Provincia”, señaló de forma tajante el viernes el Defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzino, en torno al intento de Farmacity de instalar sus comercios en la Provincia de Buenos Aires, tema que está pendiente de resolución en la Corte Suprema de la Nación y sobre el que hay gruesos intereses económicos en juego.
Cabe recordar que en noviembre del año pasado se realizaron dos audiencias públicas, convocadas por el máximo tribunal para resolver en torno a la vigencia de la Ley 6.606 que regula desde 1987 la propiedad de los establecimientos farmacéuticos en territorio provincial, y los declara como “un servicio de utilidad pública”.
Esa legislación establece, entre otras cosas, la distribución racional de las farmacias en las ciudades por densidad poblacional y por distancia para garantizar la atención a toda la ciudadanía (y que por ejemplo no se concentren todos los establecimientos en las zonas céntricas o de mayor rentabilidad); y por otro lado también define quiénes pueden ser titulares de un comercio de este tipo, priorizando a los profesionales farmacéuticos.
Precisamente, la cadena comercial Farmacity objeta los artículos que involucran estos dos aspectos, buscando cambiar el carácter de la ley que prioriza la salud pública por sobre un modelo comercial, que desde el Colegio de Farmacéuticos lo definen como “farmashopping”.
“Hubo ya tres fallos de distintas instancias que ratificaban la vigencia y la constitucionalidad de una ley que ha permitido que se desarrolle la actividad de modo pacífico, con capitales privados que seguramente debe haber, con cadenas de farmacias que se tienen que registrar bajo la forma societaria establecida por la ley. Es decir, que se ha podido ejercer el comercio sin problemas, por decirlo de alguna manera”, remarcó Lorenzino al disertar este viernes en la apertura del 2do Congreso de Preparaciones en Farmacia, que se realiza en el Hotel Grand Brizzo de nuestra ciudad, para luego agregar:“Y los bonaerenses, tenemos que decirlo, siempre tuvimos la posibilidad de acceder a los medicamentos en cualquier lugar donde vivamos. Sean pueblos de 500 habitantes o comunidades de millones de habitantes”.
En ese sentido, señaló: “Acá no es un problema con un grupo empresario. Creemos en la libre empresa, creemos que esta provincia es una tierra de oportunidades, pero tienen que aceptar las reglas del juego”. La Defensoría del Pueblo había sido excluida de las mencionadas audiencias, y en febrero de este año presentó un escrito ante la Corte, reclamando una pronta solución que ratifique los fallos anteriores, respetando así la legislación provincial.
“El recurso que está vigente en la Corte Federal se debe únicamente a que el Presidente de la Corte (Carlos Rosenkrantz) es el ex apoderado de este grupo empresarial que pretende violar la ley de los bonaerenses, nosotros no estamos dispuestos a tolerar eso. Si la Corte arbitrariamente discute los fallos que llegan en queja para discutir el beneficio de un sector empresario, pone en riesgo la independencia de todas la provincias. El federalismo sería violentado y estaríamos en riesgo de que las leyes sean dictadas por la Corte Suprema y las legislaturas provinciales no tendrían sentido. Este tema no está resuelto, es un acecho a todas la provincias de nuestro país”, indicó.
El titular del organismo bonaerense si bien se mostró confiado en que el tema se va a resolver favorablemente, remarcó que el grupo empresarial “está al acecho” y llamó “no olvidar esta lucha”, porque “este tema no está resuelto. De hecho, tras haber realizado las mencionadas audiencias, a la Corte Suprema sólo le queda pendiente emitir una resolución, cuestión que si bien debería estar en la agenda del tribunal para este año, todavía no hubo señales de avance en el tema.
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