El incremento fue consumado en el período 2015-2019. La cifra surge de un estudio sobre el presupuesto del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, en el cual se indica que “actualmente se pagan $1.109.381 por minuto” en concepto de servicios de deuda.
El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) reveló que el dinero asignado en el presupuesto a los servicios de deuda aumentó un 195% entre el primer cuatrimestre de 2015 y el de 2019.
En el mismo período, se puso en marcha un fuerte ajuste del gasto público en términos reales, con reducciones del 3% en seguridad social; 22% en ciencia y técnica; 23,3% en educación y cultura; 55,2% en trabajo y 77% en vivienda y urbanismo.
Excluyendo el pago de los intereses de la deuda, la ejecución total del presupuesto sufre un recorte del 22,9%. Asimismo, de las 29 partidas del gasto, 25 tienen evolución negativa, con un promedio simple de -35,3%. El peso de los intereses de deuda sobre el total del presupuesto nacional, pasó de representar el 6,2% en 2015, al 20,1% en 2019: una suba de 13,1 puntos porcentuales en solo cuatro años.
El informe elaborado por el equipo de economistas de Economía UNDAV subraya respecto a la dimensión de la deuda externa: “actualmente se pagan $1.109.381 por minuto en concepto de intereses”.
En base a datos del Ministerio de Hacienda, el informe de la UNDAV muestra cómo en este contexto de ajuste de la inversión pública, los fondos destinados a educación se redujeron en un 23,3% en el período 2015/2019 con relación a los niveles de inflación.
“Educación y cultura, una inversión clave para el futuro del país se recorta más de un 20%. Pero frente al ajuste primario de gasto, los intereses de la deuda suben un 195% entre puntas”, remarca el informe económico.
El presupuesto nacional dirigido a las obras públicas de extensión de las redes de agua potable y de cloacas se recortó en un 53% a lo largo de los 4 años analizados por el informe. “Se destacan las caídas en rubros como urbanismo, vivienda y agua potable que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, con más y mejor infraestructura urbana en un país con un alto porcentaje de pobreza estructural”, apunta el documento.
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