La CPM patrocinará a familiares de los jóvenes asesinados en Monte

Desde el organismo provincial exigen una investigación profunda “que condene a los responsables materiales y políticos” de las muertes de Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13), Danilo Sansone (13), y Aníbal Suárez (22)

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocinará legalmente a los familiares de Camila López (13) y Danilo Sansone (13) y acompañará al resto de las familias de los cuatro jóvenes fallecidos el pasado lunes tras una persecución policial a los tiros en San Miguel de Monte, informó hoy el organismo a través de un comunicado.

“La CPM viene alertando sobre la situación estructural y sistemática de estas violencias que forman parte de una cultura institucional de las fuerzas de seguridad, en el marco de las políticas de mano dura alentadas por la doctrina Chocobar que promueve y sostiene el gobierno de Mauricio Macri” advirtieron en la publicación.

En este sentido, exigen una investigación profunda “que condene a los responsables materiales y políticos, pero además al Gobierno provincial para que asuma las responsabilidades estructurales que constituyen una clara vulneración de los derechos humanos”.

El organismo provincial sostiene que “tras la masacre que terminó con la vida de cuatro jóvenes salieron a la luz numerosos testimonios de vecinos que permiten inscribir lo sucedido en una larga trayectoria de violencia policial de la que toda la comunidad es víctima” entre ellos “hostigamiento, persecución, torturas, sobornos, son algunas de las figuras que se identifican en las denuncias”.

Considera que “la masacre de Monte es un nuevo hecho de violencia policial de extrema gravedad que ocurre en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de la gobernadora (María Eugenia) Vidal” e informa que ha decidido no sólo acompañar a las familias de las víctimas sino también a la comunidad de Monte en general.

Señaló además que “relevará y elaborará un informe sobre la vulneración de los derechos humanos padecen las vecinas y vecinos por parte de las fuerzas policiales, con el objetivo de presentar, a la brevedad, un diagnóstico que dé cuenta de la sistematicidad de estas prácticas”.

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