La Comisión Provincial por la Memoria se presentó como particular damnificado en la primer denuncia que recibe la recientemente creada Guardia Urbana de Prevención por un hecho de violencia ocurrido durante la celebración del carnaval en la República de los Niños, donde personal de esa fuerza golpeó brutalmente a un joven.
Tan sólo cinco meses después de que el Concejo Deliberante aprobara la creación de la Guardia Urbana de Prevención (GUP), la fuerza municipal tuvo su primer denuncia por torturas. Lo que habían advertido tanto concejales de la oposición como organismos de la talla de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), sobre la creación de un órgano “parapolicial” que tendría suma discrecionalidad para realizar este tipo de prácticas se terminó confirmando, y el director de Seguridad de la Municipalidad, Cristian López, quedó bajo la lupa.
El hecho que motivó la denuncia ante la Unidad Fiscal Nº 3 de la ciudad fue la golpiza que personal de la GUP le propinó a un joven estudiante de Bellas Artes, violentando también a su compañera y a su cuñada, el pasado 5 de marzo durante la celebración del carnaval en la República de los Niños. “Me llevaban con la cabeza para abajo hacia un lugar que nunca supe, me venían pegando piñas en la cara”, había relatado el agredido a Pulso Noticias dos días después del hecho.
Se tata de Daniel Changazzo, Estefanía Alemán y Selena Lezcano, quienes según reconstruye la CPM “fueron abordados por personal de la GUP cuando buscaban la cartera de Estefanía, que habían perdido de vista tras una corrida del público cuando comenzaba el recital de Los Charros. Los agentes municipales comenzaron a increparlos por estar tomando unas latas de cerveza. Ante esta reacción, los jóvenes arrojaron la bebida al suelo. Luego de cumplir con esta orden, les pidieron colaboración para encontrar la cartera extraviada; lejos de ayudarlos, el personal urbano continuó hostigándolos. Fue en ese momento cuando el agente Gonzalo Mercado le propinó el primer golpe en la cara a Daniel y luego lo llevó a la rastra hasta la parte trasera de un castillo, sin iluminación y sin personas a la vista. En ese lugar, tirado en el suelo, entre varios agentes le pegaron patadas en el cuerpo, la cabeza y la cara. Estefanía y Selena intentaron detener la agresión pero fueron reducidas e inmovilizadas por agentes mujeres. Mientras las reducían, sufrieron golpes, tirones de pelo e insultos.
“La violencia recién terminó cuando intervinieron oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ante esta presencia, los empleados de la GUP intentaron disimular la golpiza emulando un procedimiento de control sobre la persona y las pertenencias de Daniel, Estefanía y Selena lo que, de por sí, hubiere resultado ilegal porque el cuerpo municipal no tiene competencia para hacer ese tipo de procedimientos”, señala el comunicado de la CPM.
El organismo se puso en contacto con las víctimas ni bien tomó conocimientos de los hechos, y además de presentarse como particular damnificado en la causa, también remitió una nota al Ejecutivo municipal expresando su preocupación, reclamando extremar las medidas para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios intervinientes en el hecho, la de sus superiores jerárquicos e instancias de control. Y, finalmente, solicitó la disolución de la GUP.
En esa presentación, la CPM recordó las advertencias que había hecho en su momento para oponerse a la creación de este cuerpo de seguridad municipal y sostuvo que “la intensidad de la violencia desplegada, junto con la usurpación por parte de la GUP de las funciones de seguridad legalmente reservadas con carácter exclusivo a los cuerpos policiales de la Provincia configuran un gravísimo antecedente para la seguridad pública”.
En el escrito presentado ante el Municipio, la CPM remarca su preocupación por el hecho de que el director de Seguridad Edilicia de la Municipalidad, Cristian López, “continúa a cargo de la capacitación de los agentes de la GUP. Este funcionario está denunciado en un habeas corpus por la privación ilegal de la libertad de dos jóvenes menores de 18 años a los que obligó a quitarse las remeras, las zapatillas y las medias”.
En esa línea, el organismo reiteró que “la creación de dispositivos de seguridad municipales —como la GUP— resultan una amenaza para la seguridad pública: la falta de una definición clara y precisa sobre las funciones y atributos de estas fuerzas posibilita amplios márgenes de arbitrariedad en la acción, generando las condiciones para la consumación de prácticas ilegales y violentas. La tortura contra Daniel, Estefanía y Selena así lo vuelven a demostrar”.
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