El juez Ernesto Kreplak concluye hoy una serie de indagatorias que ponen el foco en el desvío de 181 millones de pesos de la casa de estudios platense. Millonario desfalco en la mira judicial
La salida de Cristina Kirchner del poder hizo que diversas causas contra exfuncionarios K, que estaban archivadas en los cajones judiciales, comenzaran a activarse casi como por arte de magia. Una de ellas es la que involucra a la regional platense de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde se investiga el presunto desvío de 181 millones de pesos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social entre los años 2009-2015.
De acuerdo a lo que consta en la causa N° 6086/16, que investiga el juez a cargo del Juzgado Federal N° 3 de nuestra ciudad, Ernesto Kreplak, el decano de la alta casa de estudios, Carlos Fantini, junto a diversos integrantes de la UTN que respondían a sus órdenes, así como también miembros del ministerio que conducía Alicia Kirchner, habrían urdido un “plan” para quedarse con dinero público, utilizando para ello una serie de operaciones que incluyeron malversación de fondos públicos, fraude al fisco y lavado de dinero.
Es por ello que a lo largo de las últimas semanas han tenido que prestar testimonio una serie de referentes de la UTN platense, como el propio Fantini que ofreció declaración el pasado martes, donde se habría negado a colaborar con la causa y se limitó a presentar una serie de papeles, algunos de ellos sin firma que, en su opinión, lo librarían de cualquier sospecha de corrupción que habría alrededor del caso.
Además del decano de la casa de estudios, también prestaron declaración el exvicedecano y exsecretario administrativo, Fernando Zabala; quien oficiara como titular de la Fundación UTN La Plata, Carlos Alberto López y Diego Pereyra, una de las personas que por años gozó de una amplia confianza por parte de Fantini para el manejo de diversas acciones dentro de la unidad académica.
Esta serie de indagatorias concluye hoy con la presentación ante el juez Kreplak de María Eugenia Pita y Mauro San Martino, dos miembros de la UTN que tenían la máxima intimidad a la hora de realizar las diversas acciones con el Ministerio de Desarrollo Social, y cuya firma habría quedado corroborada en un sinfín de contratos establecidos entre las partes.
Acusaciones varias
La denuncia radicada en el juzgado platense que data de hace algunos años atrás, está basada en un demoledor informe realizado en su momento por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en forma conjunta con la UTN nacional que investigaba a dónde habían ido a parar los fondos enviados por Nación y que muchas veces no estaba justificado en qué habían sido gastados.
Lo que está en la mira judicial son 13 convenios firmados para la realización de diferentes obras, ya que se sospecha que para eso fueron usadas facturas truchas sacadas desde la Fundación de la unidad académica que conducía López, y para hacerlo se habría falseado la identidad de egresados de otras regionales de la UTN, como el caso de la casa de estudios radicada en Santa Fe, que cuando fueron a prestar testimonio ante la Justicia, negaron alguna vez haber trabajado en esos proyectos.
Todos estos ingenieros de la UTN habían sido supuestamente contratados para monitorear el Plan Argentina Trabaja que era desarrollado desde el área social. Pero no solo esta sería la única participación de la actual gobernadora de la provincia de Santa Cruz, sino que otra de las irregularidades investigadas son los más de 29 millones de pesos dados por una prestación que no ha podido ser confirmada en la causa, para brindar un servicio que permitiera el desarrollo de un Programa de Gestión de Proyecto de Responsabilidad Social para el sector público.
A esto se le agrega el hecho de que en la denuncia se especifica que desde la Fundación se habrían endosado los cheques con los cuales se abonaban becas, a nombre de distintos hombres de confianza que las cobraban a su vez en la sucursal del Banco Nación ubicada en la avenida 60 esquina 2 de nuestra ciudad.
Vale recordar que esta situación se agigantó por el papel jugado en su momento por la Sigen en tiempos en donde era conducida por Alessandra Minnicelli, esposa del exministro y actual diputado nacional detenido en Ezeiza, Julio de Vido, quien oficiaba como intermediaria para el traspaso de los fondos públicos a la casa de estudios, además de actuar como mediadora para poder lograr grandes contratos con la administración pública.
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