El Juzgado Contencioso Administrativo nº2 de La Plata le dio al Estado provincial un plazo de quince días para que regularice la situación en las dependencias policiales, que registran niveles históricos de hacinamiento
La jueza María Ventura Martínez, del juzgado Contencioso Administrativo n°2 de La Plata, intimó al Estado provincial para que en el término de 15 días y bajo apercibimiento de astreintes (sanciones económicas) concrete el “cumplimiento efectivo” de la medida cautelar que ordena vaciar los calabozos de las comisarías bonaerenses, que en la actualidad registran los mayores niveles históricos de hacinamiento. “Siendo atendible la denuncia de incumplimiento expuesta, intímese a la parte demandada que en el término de 15 (quince) días acredite el cumplimiento de resolución cautelar recaída en autos con fecha 15 de noviembre de 2017”, dice la resolución judicial que se conoció hoy.
Esa medida cautelar resuelta por la Cámara de Apelaciones de La Plata a fines de 2017, que surge a partir de una presentación del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (Ciaj) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), dispuso la prohibición de alojar detenidos y detenidas en comisarías de toda la provincia por más de las 48 horas reglamentarias. Además, ordenó que se llevaran a cabo una serie de mesas de trabajo de las que participan los dos organismos querellantes y distintos Ministerios del gobierno provincial que deben informar periódicamente las acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo para cumplir con la orden de la justicia. Sin embargo, a lo largo de cinco audiencias en 2018, los representantes de los Ministerios de Justicia y Seguridad, y la Fiscalía de Estado bonaerense, sólo aportaron información parcial y se excusaron de dar soluciones de fondo alegando la mala voluntad de algunos jueces.
En la última audiencia, a principios de noviembre de 2018, funcionarios de tercera o cuarta línea de aquellas oficinas confirmaron que el panorama, lejos de mejorar, es cada vez peor: de 3.400 detenidos que habían sido reconocidos en la reunión de junio treparon a 4052 en el último encuentro: más del 15% de incremento. La cifra significó uno de los picos máximos de superpoblación en dependencias policiales: un 225%.
Por eso, al final de esa audiencia, el Ciaj y el Cels hicieron varios pedidos. Uno de ellos fue que se convocara a los ministros o funcionarios con capacidad de tomar decisiones para la siguiente audiencia bajo apercibimiento de sanciones económicas si el Estado provincial incumplía sus obligaciones. La jueza Ventura Martínez hizo lugar al reclamo de los denunciantes. Ahora sólo resta saber si el gobierno provincial, además de violar los derechos básicos de lxs detenidxs y desconocer los fallos judiciales, está dispuesto a perder dinero.
Somos un medio de comunicación cooperativo que se conformó luego de los despidos ilegales en el diario Hoy y en la radio Red 92 de La Plata, sucedidos a principios de 2018.
Sin laburo y con la intención de mantener nuestros puestos de trabajo, un grupo de periodistas, correctorxs, fotógrafes, locutorxs, productorxs audiovisuales y diseñadorxs decidimos organizarnos de forma colectiva.
