Final cantado: confirmaron pena irrisoria en el juicio por la inundación

La Jueza Claudia Grecco dio a conocer hoy los fundamentos de la sentencia condenatoria por incumplimiento de funcionario público para Sergio Lezana, quien era director de Defensa Civil el 2 de abril de 2013. Confirmó que la condena será de una multa de $12.500 e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un año

Al dar a conocer hoy los fundamentos del fallo sobre el juicio por la trágica inundación del 2 de abril de 2013, la Jueza Claudia Grecco confirmó -tal como se preveía-  la condena para ex director de Defensa Civil municipal Sergio Ariel Lezana por la pena máxima del delito por el que se lo imputó: omisión de deberes de funcionario público, tipificado en el artículo 249 del Código Penal.

Hablar de “pena máxima” en este caso no implica referirse precisamente a una condena de peso ante semejante tragedia: apenas una multa de $12.500 y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un año. Este final ya se había anticipado hace nueve días cuando comenzó el juicio exprés que -en menos de cuatro horas- terminó desembocando en un acuerdo entre el Fiscal Jorge Paolini y la defensa de Lezana para realizar un proceso abreviado, ya que el imputado estaba dispuesto a asumir su responsabilidad por el hecho sobre el cual se lo imputó.

Las abogadas querellantes no sólo cuestionaron a Paolini por haber imputado al ex funcionario por un delito menor, si no también por haber descartado siquiera llamar a declaración indagatoria a quienes calificaron como “responsables políticos” de la tragedia: el ex Gobernador Daniel Scioli, el ex intendente Pablo Bruera, el ex Ministro de Infraestructura Alejandro Arlía, el ex Ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, el ex Ministro de Salud Alejandro Collia, el ex Jefe de Gabinete Municipal Santiago Martorelli y el ex Secretario de Gestión Pública Enrique Sette.

A su vez, el hecho de que el juicio se desarrollara de forma abreviada, impidió que se diera apertura a la declaración del centenar de testigos que estaba previsto que dieran su testimonio, a través de los cuales podían arrojarse datos que permitieran luego abrir la posibilidad de imputar a otros funcionarios o de agravar la imputación del único acusado.

En los fundamentos, Grecco ratifica que la dirección de Defensa Civil -a cargo de Lezana entre 2007 y 2013- no contaba con las herramientas, presupuesto ni recursos humanos para afrontar un hecho de gravedad como el que ocurrió, ni tampoco había constituido un plan de emergencia o un sistema de alerta temprana; y que durante la inundación el 96,8% de las evacuaciones fueron realizadas por la propia sociedad civil, con un Estado prácticamente ausente. Sin embargo, tanto para el fiscal como para la jueza, los funcionarios de mayor rango no tuvieron ningún tipo de responsabilidad penal en los hechos.

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