La CPM confirmó prácticas de inteligencia ilegal en Argentina

El falso abogado Marcelo D'Alessio

Por requerimiento del Juez Ramos Padilla, en el marco de la causa que investiga a Marcelo D’Alessio, la Comisión por la Memoria realizó un informe pericial que certifica la violación de las leyes de inteligencia y seguridad interior. En el accionar delictivo están involucrados organismos estatales y judiciales. El organismo advirtió que “estas prácticas ponen en peligro el propio sistema democrático”

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó que, ante el requerimiento del Juez Federal de Dolores, Dr. Alejo Ramos Padilla -en el marco de la causa judicial que investiga a Marcelo Sebastián D’Alessio- presentó un informe pericial que da cuenta de la realización de prácticas de inteligencia ilegal en Argentina y otros dos países.

Con fecha 22 de febrero de este año, el Juzgado había solicitado a la CPM que analice la información secuestrada en la casa del falso abogado. Este pedido se fundó en la experiencia de este organismo público que desde hace 18 años, custodia e investiga los archivos de inteligencia de la ex DIPBA (Dirección de inteligencia de la Policia Bonaerense). En esta tarea la institución ha desarrollado programas que investigan las acciones y estructuras de inteligencia estatal y paraestatal, construyendo una expertise técnica acerca de esta temática.

Según informó el organismo, se pudieron advertir prácticas de inteligencia ilegal realizadas por D’Alessio. “Entre las mismas se pudo establecer el acceso a información sensible no pública de organismos estatales, la realización de seguimientos a distintas personas sin orden judicial y las denominadas técnicas ‘de ablande’ con el objeto de coaccionar personas para posibles actos extorsivos. El destino de dichas actividades concluía con la incorporación de sus testimonios en causas que investigan hechos de corrupción”, remarcan a través de un comunicado de prensa.

La CPM concluyó que el procesado desplegó tareas de inteligencia “en tanto existen pruebas suficientes que indican que de manera planificada recopiló, procesó, analizó y sistematizó información con enunciados fines tácticos o estratégicos. El ciclo de inteligencia realizado contuvo una planificación, una fase operativa de reunión informativa, un análisis de la información recolectada, su sistematización y la posterior difusión a los destinatarios de dicha actividad de inteligencia”.

“El fondo documental contiene indicios de que estas tareas de inteligencia culminaban con la remisión del producto a las personas a quienes reportaba, referidas a contactos con agencias de inteligencia nacionales y extranjeras o con actores del Poder Judicial de la Nación”, indicaron.

Las acciones descriptas en el informe, violan las normativas que regulan la materia de inteligencia y de seguridad interior como exterior (leyes nacional de Inteligencia N° 25.520, de Seguridad Interior N° 24.059 y de Defensa Nacional N° 23554). Para la CPM “los hechos que se investigan en la causa, revisten una enorme gravedad institucional, ya que muestran el funcionamiento de uno o varios grupos que desplegaron actividades de inteligencia prohibidas, que solo pueden llevarse a cabo por parte de los organismos públicos habilitados por las leyes vigentes”.

“Cualquiera de las hipótesis que se acrediten en la causa, la pertenencia de D’Alessio a alguna agencia estatal de inteligencia o seguridad, o la posibilidad de que no pertenezca a ninguna de ellas, configuran hechos que vulneran la institucionalidad democrática y los principio republicanos del estado de derecho. En la primera hipótesis por el accionar de agencias estatales por fuera de la ley. En la segunda, por la absoluta endeblez y negligencia de un sistema que debería haber detectado y alertado sobre tales prácticas”, señalaron desde el organismo.

Además, afirmaron que “deben investigarse de manera exhaustiva estos hechos que no son aislados y en cuyo desarrollo aparecen implicados organismos estatales y judiciales que generan estructuras paralelas a las del estado”. En ese sentido, la CPM adviertió que estas prácticas “ponen en peligro el propio sistema democrático” y  llamó “a los poderes públicos a adoptar medidas urgentes para revertir esta situación”.

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