El periodista Rafael Murúa Manríquez había sido incorporado al Mecanismo “de Protección” por amenazas en 2017. Su cuerpo fue encontrado a un costado de la ruta en la comunidad de Santa Rosalía, en Baja California Sur
México es sinónimo de violencia, asesinatos y violación de los derechos humanos. El domingo hallaron el cuerpo del periodista y director de la radio Kashana, una radio comunitaria de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur. Se trata de Rafael Murúa Manríquez de 34 años, el primer comunicador muerto en 2019.
Durante el 2017, el periodista había sido incorporado al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por amenazas en ese año, y hace unos meses denunció amenazas por parte de políticos locales, las cuales las hizo constar en un texto: “en 52 días de gobierno de Felipe Prado he vivido más agresiones y abuso de autoridad que en los 6 años anteriores desde que ejerzo el periodismo en mi natal Santa Rosalía”.
Murúa era crítico del gobierno municipal de Mulegé, a cargo de Felipe Prado, quién ha sido cuestionado por presuntas irregularidades en la licitación de obra pública.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) México “exige a las autoridades estatales y federales la inmediata y exhaustiva investigación y aclaración de los hechos, y el castigo a los responsables de este crimen, de manera que no sea uno más en la creciente y vergonzosa suma de la impunidad que ha azotado a personas dedicadas a la comunicación, al periodismo y a la defensa de los derechos humanos en México”.
Durante el año pasado se registraron 17 comunicadores asesinados por su labor en dicho país, el mismo número que en 2017. A pesar de los programas de “protección”, el Estado no resguarda la labor y la vida de los trabajadores de prensa mexicanos. Para la organización internacional Campaña Emblema de Prensa, México es el segundo país más violento después de Afganistán.
Por último, diversas organizaciones repudiaron lo sucedido y exigieron justicia. AMARC resaltó que “las agresiones a comunicadores son un golpe a la libertad de expresión, pilar de la defensa de los demás derechos humanos”.
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