Tres años después de que se descubrieran más de 150 mil pesos en la departamental local, se buscará determinar la participación de los efectivos en la presunta estructura de recaudación ilegal y distribución de dinero dentro de la fuerza
Tres años después de que se encontraran sobres con más de 150 mil pesos en la departamental local, comenzará el próximo 4 de febrero el juicio para determinar las presuntas responsabilidades de los ocho jefes policiales de La Plata involucrados en una presunta estructura de recaudación ilegal y distribución de plata dentro de la fuerza.
Dentro de los acusados están el ex titular de la Departamental, el comisario mayor Darío Camerini; los comisarios Sebastián Velázquez y Rodolfo Daniel Carballo; los subcomisarios Sebastián Cuenca, Raúl Frare, Julio Sebastián Sáenz y Walter Skramowskyj y el oficial principal Ariel René Huck. Todos están detenidos en dependencias del servicio penitenciario, menos Carballo, a quien recientemente se le otorgó el arresto domiciliario por cuestiones de salud.
Según indica Agencia DIB, “la causa por la que están detenidos los ex policías se inició el 1° de abril de 2016, cuando una denuncia anónima advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la departamental de Seguridad de La Plata recaudaba alrededor de 200.000 pesos por mes de coimas. A partir de allí, se realizó un procedimiento solicitado por el fiscal penal Marcelo Martini en la Departamental ubicada en la calle 12 entre 60 y 61 de La Plata, donde se secuestraron 36 sobres con 153.700 pesos en total y en cada uno de ellos estaba escrito de qué repartición provenían”.
Luego, la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia elevó la causa a juicio oral y acusó a los ex jefes policiales por el delito de “asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión (coimas)”.
La jueza dio por acreditado que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 “un grupo de al menos seis policías integraron en forma organizada una asociación con el propósito de cometer delitos en el ámbito de la jefatura en la que prestaban servicios”. En ese marco, Garmendia consideró que se recaudaba dinero en forma ilegal con la participación de policías de diferentes dependencias de la jurisdicción “que luego lo entregaban a la jefatura departamental y lo distribuía de acuerdo a la jerarquía que ocupaban”.
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