En julio se conformó la Asamblea por los Derechos de la Comunidad Migrante y desde allí realizaron talleres de formación en derechos, imprimieron protocolos de detención en idioma Wolof y jornadas de visibilización. El domingo realizaron el taller de cierre de año: “las autoridades han notado esto y saben que no puede actuar con la impunidad de siempre”, explicó uno de los abogados.
Por Ramiro Laterza
La abierta política pública del municipio de “erradicar la venta ilegal” llevó, desde que asumió Julio Garro a la intendencia, a una persecución y criminalización a la comunidad migrante de La Plata, sobretodo esos cientos de hombres que vinieron desde Senegal para poder tener una salida laboral -aunque sea en el marco de la precariedad- y poder enviar dinero a sus familias. Tanto Control Urbano como la policía local (que dejó de funcionar este año) y la policía bonaerense fueron las fuerzas enviadas por el poder ejecutivo para “levantar” los puestos de estos trabajadores africanos. En el medio hubo violencia, robo de sus pertenencias y apresamientos.
Por eso, desde mediados de año se conformó en La Plata la Asamblea por los Derechos de la Comunidad Migrante, que desde diferentes enfoques realizó múltiples jornadas de visibilización hacia la sociedad y de formación interna para los trabajadores senegaleses. En Agosto, por ejemplo, realizaron un primer taller de derechos, donde acudieron unos 90 de ellos y reconocieron el derecho a migrar dentro de los derechos humanos, la naturaleza de estos derechos, dónde están reconocidos y para quiénes.
La Asamblea también realizó comunicados públicos denunciando la violencia y la violación a los derechos humanos que sufren los migrantes en La Plata, específicamente la comunidad de Senegal. También se lanzó un “protocolo contra las detenciones”, un texto (en castellano y en idioma Wolof) donde indica qué hacer y qué derechos poder ejercer ante las situaciones con las fuerzas de seguridad.
Finalmente, durante la noche del domingo se realizó el cuarto y último taller. Uno de los profesionales que participó del mismo fue Damián Brumer, un joven abogado local que pertenece al colectivo de abogados populares “La Ciega”; comentó a Pulso Noticias que “hacer conocer nuestros derechos nos empodera, por eso en el cierre de los talleres charlamos sobre cómo defendernos frente a las arbitrariedades de Control Urbano y de la Policía, qué diferencias hay entre delitos y contravenciones, y qué derechos tenemos en casos de detenciones”. Agregó que también se trató la importancia del derecho a la protesta y la participación que tuvo la comunidad senegalesa en la marcha contra el Código de Convivencia que impulsa el municipio”.
Según Brumer, durante estos cinco meses de relación con la comunidad senegalesa “fueron desarrollando un proceso de empoderamiento muy importante, hace unos meses se asumían con naturalidad como “extranjeros ilegales”, hoy entienden y expresan que no existen seres humanos ilegales, y que la falta de documentación es una irregularidad administrativa pero no una ilegalidad”.
Otro de los cambios de mentalidad que pudo reconocer el abogado fue que “de pensar a la calle y al espacio público como un lugar para laburar de manera precaria y estar expuestos a las arbitrariedades del municipio y de la policía, pasaron a ejercer su derecho a la protesta marchando contra el código de convivencia”. Además “están cada vez más atentxs y no se dejan avasallar tan fácilmente, y las autoridades eso lo notan muchísimo y saben que ya no pueden actuar con la misma impunidad de siempre”.
Durante estos cinco meses hubo cuatro talleres de formación (al comienzo en centros culturales y facultades, pero luego en las propias casas de estos trabajadores), además se redactaron los protocolos, y se hizo una jornada de visibilización en Rectorado: “fuimos construyendo un vínculo de confianza con la comunidad que fue fundamental para poder avanzar con estos talleres y con otras actividades que se desarrollaron durante estos meses… esa confianza se tradujo también en desinhibición a la hora de hacer preguntas, de relatar situaciones de violencia con el municipio y con la policía, o simplemente de expresar sus enojos y hartazgo con la estigmatizacion y discriminación que sufren de parte de autoridades o de medios masivos de comunicación”.
Para el año que viene, las perspectivas de la Asamblea es continuar con los talleres ” y por supuesto acompañarlxs también en cualquier situación de arbitrariedad que vuelva a ocurrir con agentes policiales o de control urbano en un contexto cada vez más dificultoso para lxs migrantes”, finalizó el Dr. Brumer.
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