El reclamo lo realizó el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, ya que a diferencia de otros puntos del país, la Asignación Universal por Hijo alcanza a cubrir sólo un 65,9% de la Canasta Básica Alimentaria
A partir del último relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, calificó como “extremadamente preocupante” la suba de los indicadores de “inseguridad alimentaria” y la retracción en la cobertura de los programas sociales en todo el país, situación que se registra con fuerza en territorio bonaerense.
El funcionario también advirtió por la acelerada pérdida del poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH), medida en función de la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), en el Gran Buenos Aires. Concretamente, perdió más de 4 puntos porcentuales en un año ya que, en 2017, la AUH permitía cubrir el 70% de lo que necesita un adulto para adquirir los bienes de la CBA en el Conurbano y actualmente bajó al 65,9%.
En ese contexto, Martello remarcó que “resulta urgente” que se incremente el denominado Fondo de Reparación Histórica (ex Fondo del Conurbano), se destinen esos recursos a inversión social y se avance en el otorgamiento de un plus que equipare la AUH respecto a lo que perciben familias radicadas en el sur del país, donde el beneficio está un 30% por encima en términos nominales y permite cubrir una mayor parte del costo de la CBA regional.
En ese sentido, remarcó que la Canasta Básica Alimentaria en el Gran Buenos Aires es la segunda más cara del país, luego de la Patagonia. Pero en el sur de la Argentina la AUH permite cubrir más del 83,1% de la misma, mientras que en Buenos Aires no alcanza al 66%.
“En caso de que el gobierno nacional dé una respuesta a lo que viene solicitando la provincia, en cuanto a la actualización del ex Fondo del Conurbano, implicaría la llegada de recursos del orden de los $19.000 millones. Esta cifra equivale al 81,3% del presupuesto total asignado al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense para el año que viene y representa el 84% del total de inversión social que hizo el Estado nacional en la Provincia durante este año”, señalaron desde la Defensoría.
“Es indispensable que haya una inyección de recursos para ampliar la cobertura y la asistencia de los programas sociales en el Conurbano bonaerense. Se debería analizar la posibilidad de otorgar un plus por desfavorabilidad dentro de la AUH en las zonas socialmente más comprometidas del Gran Buenos Aires, donde se registran las cifras de pobreza e indigencia más graves de país. Este plus ya lo reciben las familias que viven en la Patagonia: la AUH y la Asignación por Hijo Discapacitado en esa región del país es un 30% superior a lo que reciben los beneficiarios del Gran Buenos Aires y posibilita cubrir un mayor porcentaje de la Canasta Alimentaria”, afirmó Martello, quien está a cargo del observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Los datos expuestos por la UCA también evidencian la persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana. La pobreza afecta con más intensidad a niños/as y adolescentes (0 a17 años) y jóvenes (de 18 a 29 años). En el tercer trimestre de 2018, se estima que el 46,3% de los niños/as y adolescentes vivían en hogares pobres. Se trata de la proporción más elevada desde el tercer trimestre de 2016 y es casi 1,5 veces mayor que la tasa registrada a nivel general.
Al igual de lo que sucede con la CBA, el valor de los bienes y servicios en el Gran Buenos Aires que constituyen la Canasta Básica Total (CBT), indicador que sirve para establecer la línea de pobreza, es la segunda más cara del país y la incidencia del poder de compra de la AUH es la más baja de la Argentina: 26,4% contra 29,4% de la región Patagónica.
Asimismo, en el último año tuvo lugar un preocupante descenso del porcentaje de hogares y de la población en situación de pobreza que accede a transferencias monetarias provenientes de programas sociales. La tendencia se debe al empobrecimiento de sectores pertenecientes a estratos medios que no acceden a la asistencia del Estado. Algunos números hablan por sí solos: mientras que en 2017 el 43% de los hogares pobres de estrato medio no profesional estaba cubierto por políticas asistenciales, este porcentaje descendió al 23% en 2018 a nivel nacional.
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