El Concejal de Cambiemos afirmó que los repartidores de las plataformas digitales “están felices de la vida” y que el Estado no debe intervenir en garantizar que se respeten los derechos laborales. Su intervención fue totalmente repudiada por la oposición, y ni siquiera desde su propio bloque salieron a apoyarlo.
Un proyecto presentado por la concejal Virginia Rodríguez (Frente Renovador Peronista) para modificar la ordenanza que regula el servicio de delivery en la ciudad (11.039), que tiene la intención de generar mejores condiciones laborales para los repartidores de las nuevas plataformas digitales (Glovo, Rappi y Pedidos Ya), tuvo una inesperada respuesta en el recinto de un edil oficialista, que fue contestada por todo el arco opositor y que ningún compañero de su bancada se animó a defender.
Se trata del concejal de Cambiemos, Julio Irurueta, quien primero afirmó que el problema de la seguridad, por el cual estos trabajadores vienen protestando desde hace varios meses ante los reiterados robos que les tocó vivir, es una cuestión que no sólo afecta a este sector, por lo tanto no merecería un análisis específico, ya que afirmó: “es transversal a todos los trabajos, a cualquier delivery”.
En ese sentido, desvinculó el problema de la seguridad de las condiciones precarias de trabajo en las que estos trabajadores son empleados por las mencionadas plataformas. De hecho, en ningún momento se refirió a que la forma de contratación fuera precaria. Y luego, aclarando que hablaba “a título personal” y no en nombre de su bloque, señaló que: “No hay una sola empresa en la ciudad de La Plata en los últimos años que haya creado 1000 puestos de trabajo en una semana, dos semanas”, y atribuyó los reclamos de querer regular las condiciones laborales a “una cuestión ideológica”.
“Gran parte del desempleo tienen que ver con la intervención del Estado en lugares en donde no se tiene que meter. Son nuevas metodologías de trabajo, nuevas formas de contratación, y hay que ‘aggionarse’ a eso. La tecnología va a seguir avanzando y no la vamos a poder frenar y por más que metamos una regulación, va a saltar otra cosa nueva. Porque los tiempos están cambiando”, explicó.
A su vez, y a pesar de que los propios trabajadores vienen intentando en la región pelear por mejores condiciones laborales o incluso intentando afiliarse a un sindicato (en Capital Federal ya han avanzado creando una nueva asociación gremial), Irurueta afirmó que “esos chicos están felices de la vida. Ganan $30.000 o $40.000 trabajando 4 horas por día, yo hablo con ellos porque uso la aplicación”.
E insistió, con un discurso similar al impulsado por el menemismo en los años ‘90 a la hora de implementar la “flexibilización laboral”: “En donde el Estado se meta a regular eso, estoy seguro que van a bajar la cantidad de empleados que va a haber. Esto es así y funciona así en cualquier lugar y con cualquier tipo de trabajo, donde se meten a regular las cosas que no tienen por qué meterse, baja el empleo de ese sector”.
Las respuestas
Las caras de los ediles opositores, y también oficialistas, a medida que el concejal iba desarrollando su argumentación lo decían todo. El primero en contestar fue, lógicamente, Pedro Borghini (FPV-PJ), quien además es secretario general del gremio de sanidad (ATSA) a nivel local: “usted está avalando a unas empresas cuyas plataformas a nivel mundial precarizan el trabajo de cientos de compañeros que no tienen jubilación, ni obra social, ni siquiera la posibilidad de discutir nada”.
“No podemos en este país, con el modelo sindical que tenemos, con el cuidado que hay hacia los trabajadores, donde todavía tenemos un 40% de trabajadores en negro, avalar este tipo de empresas. Lo que tiene que hacer el Estado es regularizarlos, y darles a esos trabajadores toda la seguridad social que tienen que tener”, remarcó.
Por su parte, Victoria Tolosa Paz (FPV-UC), primero le recordó al concejal que “se olvida el rol que ocupa, el rol legislativo como parte del Estado”, en referencia a su intención de que las relaciones laborales las regule solamente el mercado, y luego se refirió a la frase de Irurueta con respecto a que los trabajadores están felices: “Esa no es la felicidad, esa es la única salida laboral que tienen muchas personas en el marco de la crisis económica”.
En el mismo sentido, volvió a intervenir Rodríguez, la autora del proyecto, asegurando que el edil oficialista estaba desconociendo qué se considera “trabajo digno”, y también el concejal Fabián Lugli (FR), que expresó: “Que vengan todas las empresas de este tipo que tengan que venir, pero estamos pidiendo que reconozcan a los trabajadores, que los blanqueen”.
El único integrante de la bancada de Cambiemos que se animó a hablar del tema fue Javier Mor Roig, que lejos de plantear que el Estado no tiene que meterse en el tema se limitó a afirmar que “el capitalismo requiere regulación”.
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