Piden una audiencia pública para debatir el Código de Convivencia

Foto María Paula Ávila (Pulso Noticias)

La Comisión Provincial por la Memoria elevó el reclamo a través de una nota al Concejo Deliberante, señalando que el anteproyecto del Municipio “se realizó prácticamente sin consulta pública”. Afirmaron que la iniciativa restringe derechos y el uso del espacio público, persigue fines recaudatorios y criminaliza la protesta social, la economía popular, el trabajo sexual y la cultura

La Comisión Provincial por la Memoria ingresó en el Concejo Deliberante un pedido dirigido al presidente del cuerpo, Fernando Ponce, para que se convoque a una audiencia pública en la que se pueda debatir el anteproyecto de ordenanza del Código de Convivencia presentado por la Municipalidad hace poco más de un mes.

El organismo señaló a través de un comunicado que la iniciativa del Intendente Julio Garro “se realizó prácticamente sin consulta pública”, ya que las supuestas mesas de diálogo vecinales que se convocaron desde la gestión municipal fueron restringidos y se difundieron casi sin antelación (incluso hasta fueron catalogados por un concejal oficialista como “focus groups”).

“La decisión de legislar sobre el uso del espacio público y las prácticas de la vida cotidiana en la ciudad, requieren de un debate serio, abierto y plural con participación de todas las instituciones y organizaciones sociales interesadas en discutir sobre este tema”, afirmó la CPM.

A la hora de definir su posición sobre el proyecto la Comisión remarca que “a poco de crearse la Guardia Urbana de Prevención, el poder ejecutivo del Municipio de La Plata propone avanzar con una nueva normativa que, de acuerdo al anteproyecto de ordenanza que circula, restringe aún más derechos y el uso del espacio público, persigue fines recaudatorios y criminaliza la protesta social, la economía popular, el trabajo sexual y la cultura”.

“El nuevo código plantea que ante una infracción, se podrá avanzar en el decomiso, multa y detención. No contempla instancias de diálogo o alternativas en la resolución de los conflictos. Además no se garantiza un derecho de plena defensa frente a este proceso, y continua utilizando figuras inconstitucionales como la conversión de la multa en arresto -mecanismo del antiguo derecho romano e ilegal en nuestro país- cuando la persona no puede pagar la misma”, destacaron.

En ese sentido, también recordaron que el anteproyecto indica que estas penas se cumplirían en dependencias policiales y el organismo ya ha denunciado en reiteradas oportunidades que “las comisarías de la Provincia de Buenos Aires y las de La Plata en particular, se encuentran en una situación de hacinamiento crítico y la Comisión Interamericana ha desaconsejado que sean utilizadas como lugares de detención. En estás condiciones, según el proyecto, una persona podría permanecer hasta 90 días”.

Por último, criticaron el hecho de que la gestión municipal haya dispuesto recursos “dando prioridad a la vigilancia y control del espacio público, a partir de la saturación de agentes municipales -que muchas veces terminan arrogándose funciones de policía-”, para afirmar luego que “el código de convivencia ciudadana va también en esa dirección y ante las situaciones de vulnerabilidad se elije el camino de la violencia estatal”.

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