El Concejo Deliberante le dio aval al decreto del Intendente Julio Garro para redeterminar los valores de la obra pública de acuerdo a los niveles de inflación. Sectores de la oposición lo rechazaron por considerar que solo se beneficia a las empresas con una “cláusula gatillo” y que no hay medidas que beneficien a otros sectores ante incrementos de precios
El Concejo Deliberante aprobó hoy el aval al decreto del Intendente Julio Garro que establece el Régimen de Redeterminación de Precios de la Obra Pública, que permitirá adecuar los valores de licitaciones -incluso las que están en curso- de acuerdo a los aumentos que fueron teniendo los valores de materiales, mano de obra, equipos y repuestos.
El pedido había sido realizado por empresas de la construcción de la región en el marco de las mesas de diálogo que convocó el Ejecutivo municipal, ante los incrementos fundamentalmente de los insumos atados al dólar (productos electromecánicos, bombas, ascensores). Hace un mes el concejal Julio Irurueta había adelantado en uno de esos encuentros que se avanzaría en la normativa.
En la sesión, el edil afirmó que la intención de la comuna es que no se paralicen ni ralenticen las obras públicas en la región, y aseguró que se analizarán los precios de cada ítem por separado de forma que la redeterminación se corresponda con lo que efectivamente se incrementó. “Se trata de cuidar la plata de los vecinos”, afirmó.
Si bien el oficialismo tuvo el acompañamiento de los bloques del GEN y PJ, hubo otras bancadas que expresaron su rechazo (FPV-UC y FPV-PJ) a las que sumó la concejal oficialista Florencia Rollié.
“Entendemos que las empresas que hacen obra pública tengan que tener rentabilidad, tiene que ser viable su ecuación económico financiera y en un contexto de inflación tienen que tener previsibilidad. Pero hemos planteado distintas opciones aunque ninguna fue aceptada”, comenzó afirmando la edil Lorena Riesgo (FPV-PJ), que luego agregó: “Es la aplicación de una cláusula gatillo para las empresas, lo cual insisto no está mal. Pero la canasta básica total creció un 46%, los alimentos un 39%, los servicios un 50%, la salud un 35%, el transporte un 57% y no hay una sola medida para aliviar a los distintos sectores que sufren esto. Por ejemplo los trabajadores municipales, que tuvieron un aumento de 19%”.
Por su parte, la concejal Victoria Tolosa Paz (FPV-UC), hizo foco en que en el proyecto no había “un diagnóstico certero sobre qué pasa en la ciudad con respecto a la obra pública. ¿Cuántos expedientes de obra pública han sido paralizados producto que los precios han quedado desfasado? ¿Qué obras se han cortado o suspendido?”.
De la misma forma se expresó Rollié, aunque el resto del oficialismo no respondió esos cuestionamientos pero sí aclararon que la redeterminación es sólo para obra pública y que no incluye servicios, por lo que el instrumento no será utilizado para la licitación pronto a resolverse sobre la recolección de basura, que tiene un mecanismo propio para readecuar los valores.
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