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miércoles 24-04-2024

La CPM rechaza la creación de la nueva Guardia Urbana municipal

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La Comisión Provincial por la Memoria reclamó que el proyecto de ordenanza impulsado por el Intendente Julio Garro no sea sancionado por “tratarse de una legislación contraria a estándares de derechos humanos”. Afirman que por la vaguedad e imprecisión de sus objetivos podría incurrir en arbitrariedades, discrecionalidad en sus prácticas, y violencia institucional

La Comisión Provincial por la Memoria elaboró un documento que fue presentado a los integrantes del Concejo Deliberante, a través del cual explica su rechazo a la creación de la Guardia Urbana de Prevención, la nueva fuerza de seguridad impulsada por el Intendente Julio Garro, cuyo proyecto de ordenanza sería tratado hoy en el cuerpo deliberativo.

Desde el organismo argumentaron su oposición al avance de la iniciativa por “tratarse de una legislación contraria a estándares de derechos humanos, a la Constitución nacional y a fallos de Corte Suprema”. En ese sentido, explicaron que “la GUP estaría dotada de atribuciones y objetivos que, por su vaguedad e imprecisión, permitirían a los agentes municipales amplios márgenes de arbitrariedad y discrecionalidad en sus prácticas, posibilitando la consumación de mayores hechos de violencia institucional. Así, el Municipio pretende arrogarse atribuciones exclusivas de la provincia de Buenos Aires”.

Según el proyecto de creación, la Guardia Urbana de Prevención (GUP) tendría, como fuerza de seguridad, el objetivo de “prevenir situaciones de riesgo en la vía pública”. Desde la CPM señalaron que “la vaguedad en la determinación de sus atribuciones y funciones podría significar, en los hechos, la creación de un cuerpo parapolicial con un margen de maniobra y acción discrecional. En estos términos, la propuesta es claramente inconstitucional puesto que el Municipio se arrogaría así atribuciones, referidas a la garantía de la seguridad, que sólo pertenecen al Estado provincial”.

En la presentación que el organismo realizó, y que transmitió en reuniones con todas las fuerzas políticas que integran el Concejo, recuerdan que el proyecto tiene “inmensas similitudes con otros intentos del Municipio de La Plata por crear dispositivos de seguridad al margen de la ley”, y destacan entre ellos la creación en 2017, por medio de una resolución, de la Guardia de Prevención dependiente de la Dirección de Seguridad de Edificios Públicos.

“A los pocos meses de su creación, al menos ocho empleados de la Municipalidad de La Plata privaron de su libertad de manera ilegal a dos jóvenes menores de 18 años, propinándoles golpes de puño y patadas. Cuando arribó al lugar el director de Seguridad Edilicia de la Municipalidad de La Plata, obligaron a los chicos a quitarse las remeras, las zapatillas y las medias”, aseguraron, y rememoraron que tuvieron que presentar un habeas corpus ante el fuero de responsabilidad penal juvenil de La Plata, que fue aceptado por la justicia ordenando a los empleados municipales de la guardia de prevención “abstenerse de intervenir en tareas de seguridad vedadas por la ley, reservadas exclusivamente a los cuerpos policiales de la Provincia de Buenos Aires”.

“Ese antecedente es una prueba irrefutable de las consecuencias que puede traer la creación de un dispositivo municipal de esta índole. Sin embargo, y a pesar de los fallos judiciales, la Municipalidad insiste en avanzar con un proyecto de características similares como es la GUP”, remarcaron.

A su vez, puntualizaron en que “la facultad de ‘ejecutar pronta acción’ —otorgada por el proyecto de ordenanza— permitiría que sea la misma Guardia Urbana quien defina el alcance de su propia intervención, permitiendo, por ejemplo, arrogarse la “facultad de aprehender” como ya se denunció en el antecedente de la guardia edilicia”.

En la misma línea que la CPM, este mediodía se espera que organizaciones vinculadas al trabajo con niñez y adolescencia de la región, nucleadas en el espacio “No a la Baja de la edad de punibilidad”, se movilicen al Concejo Deliberante para reclamar que el proyecto no sea aprobado, ante lo que caracterizan como “un avance punitivo hacia la infancia”.

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