A puertas cerradas y con polémicas aprobaron la Guardia Urbana municipal

El oficialismo logró avanzar en la creación de la nueva fuerza de seguridad, en una sesión poblada de chicanas y cruces con la oposición, donde no se permitió la entrada del público al recinto. Rechazo de organismos de derechos humanos y organizaciones vinculadas a la niñez y adolescencia

Por David Barresi

El Concejo Deliberante aprobó esta tarde la creación de la Guardia Urbana de Prevención (GUP), iniciativa motorizada por el Intendente Julio Garro, que busca establecer una nueva fuerza de seguridad en la ciudad para el control de los espacios públicos. La propuesta fue rechazada por organismos de derechos humanos y organizaciones que se dedican al trabajo con niños, niñas y adolescentes, por considerar que la vaguedad e imprecisión de sus objetivos podría llevar al cuerpo uniformado a incurrir en arbitrariedades, discrecionalidad en sus prácticas y violencia institucional.

La aprobación de la iniciativa no estuvo exenta de polémicas. En principio, el oficialismo negó la posibilidad de que la sesión pueda ser presenciada por vecinos u organizaciones, a pesar de que las mismas suelen tener siempre un carácter abierto. Afuera del recinto había una fuerte presencia de efectivos de infantería, custodiando el edificio mientras sobre la explanada municipal se realizaban dos concentraciones pacíficas: por un lado se encontraban protestando trabajadores cartoneros y recicladores, y por otro se comenzaban a concentrar sectores en rechazo a la GUP.

En segundo lugar, el bloque de Cambiemos retrasó el inicio de la sesión y luego el desarrollo de los puntos del temario a sabiendas de que uno de los ediles peronistas no llegaría a presenciar el tratamiento del tema más espinoso ya que tenía que irse al acto de celebración del 17 de octubre. De hecho, rechazaron la moción efectuada por el concejal opositor Pedro Borghini (FPV-PJ) para que se adelante la votación del tema, por lo que se tuvo que retirar apresuradamente del recinto sin poder votar el proyecto, aunque antes de irse adelantó que se oponía al mismo.

Por último, cuando finalmente tras varias horas de sesión llegó el punto en cuestión, una vez que se expresaron todos los jefes de los bloques, el presidente del Concejo Deliberante Fernando Ponce (Cambiemos) interrumpió la lista de oradores para proceder a votar, justificando el apuro en que el concejal Julio Irurueta (Cambiemos) “tenía que irse al médico”, cuando una hora antes se había opuesto a adelantar el tema en el orden del día. Esta situación provocó el repudio a los gritos de la oposición, con acusaciones de “censura” por parte de la edil Victoria Tolosa Paz (FPV-UC), una de las que seguía en la lista de oradores.

Modificaciones y rechazos

Al proyecto de creación del nuevo cuerpo de seguridad se le agregaron en medio de la sesión tres artículos propuestos por el concejal opositor Gastón Crespo (GEN), que tras la incorporación de los mismos terminó apoyando la iniciativa.

Los tres puntos propuestos por el edil fueron: la constitución de una Comisión de Seguimiento de la GUP, para el control de la misma; la integración de dicho órgano por parte de miembros de la comisión de Seguridad y Derechos Humanos del Concejo Deliberante, de la Secretaría de Seguridad municipal, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la Dirección de Políticas de Género y de la Dirección de Derechos Humanos; y que el Municipio se comprometa a capacitar a los recursos humanos en contenidos de políticas de género, violencia intrafamiliar, contra todo tipo de discriminación, y en el sistema de promoción y protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.

El otro concejal opositor que acompañó el proyecto fue Luciano Sanquinetti (Frente Renovador), quien justificó su apoyo en que según su punto de vista no se trata de una “fuerza de seguridad, estamos hablando de otra cosa, de una guardia urbana para las plazas, paseos públicos y escuelas, que solo tendrá funciones de prevención. No tiene que ver con seguridad, tiene que ver con la prevención”.

Por otro lado, Lorena Riesgo (FPV – PJ), señaló que hubo “apuro” por parte del Municipio para encarar la iniciativa y que no permitió un debate en profundidad en la Comisión de Seguridad. En ese marco, señaló: “El objetivo es falso, por eso no la voy a votar. No tiene como objetivo proteger a los vecinos, cuidar a la gente, hacer del espacio público un lugar más amigable”.

Entre quienes rechazaron el proyecto estuvo también la edil oficialista Florencia Rollié, quien afirmó que “no hubo debate, el proyecto debería volver a comisión, es apresurado, se necesita consultar a especialistas en el tema, y entre todos sacar un proyecto consensuado”. A su vez, afirmó que la iniciativa, al igual que el “protocolo antipiquetes” que el Municipio había querido implementar a principios de 2016, es “inconstitucional”, dado que “el marco jurídico no permite que los Municipios puedan legislar en materia de seguridad”.

“Las normas se hacen para evitar la discrecionalidad, no para consagrarlas”, dijo además la concejal, retomando el argumento esbozado por la Comisión Provincial por la Memoria acerca del proyecto. De la misma forma se expresó el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Gastón Castagneto al justificar el rechazo de su bancada: “mientras más claras queden las reglas, mientras menos quede librado a la discrecionalidad, vamos a poder tener funciones más claras y poder acompañar esto”.

En ese marco, recordó en 2017 el Municipio creó un dispositivo de seguridad a través de una resolución (la Guardia de Prevención dependiente de la Dirección de Seguridad de Edificios Públicos) que tampoco tenía funciones demasiado claras y sobre la cual pesa una presentación judicial realizada por la CPM por haber privado de la libertad de manera ilegal a dos jóvenes.

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