Afirman que la Comuna incumplió su compromiso de no perseguir a los carreros que utilizan caballos, mientras que tampoco les genera alternativas como el aumento de cupos para ingresar al “sistema de reciclado con inclusión social”. Remarcan que se busca beneficiar a empresas privadas y se “deja a miles de familias sin comida”
La Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la ciudad denunció el aumento de las restricciones a su posibilidad de trabajar, ante los recurrentes operativos que desde hace dos meses viene realizando la Municipalidad a través de la Secretaría de Control Ciudadano y la Dirección de Protección Animal, en los cuales se les han incautado los caballos que utilizan para transportar los carros.
A fines del año pasado la Comuna había alcanzado un acuerdo con los trabajadores cartoneros para disminuir el uso de equinos, generando como alternativa el desarrollo de un sistema de “reciclado con inclusión social”. De esta forma, se firmó un contrato por el cual 50 personas se comprometieron a dejar de utilizar los animales para ingresar en el mencionado programa, con una retribución salarial de $3.500.
“Diseñamos un sistema de carritos tirados a mano que van por el centro de la ciudad. Entonces van juntando, llegan a Plaza Rocha o Italia y ahí los carga un camión y los lleva al predio de reciclado. Hace seis meses venimos trabajando de esa forma”, explicó Rodrigo Bernales, integrante de la mencionada Federación, en diálogo con Pulso Noticias.
El galpón en el cual se realiza el reciclado, denominado “El Orgullo de las y los Cartoneros”, está ubicado en 144 entre 47 y 49. Allí se reciben por la mañana las bolsas verdes que recoge ESUR, que son trabajadas por el primer turno (de 9 a 15), y luego por la tarde el segundo grupo (de 17 a 23) toma los materiales que juntan los carreros, cuando llegan los mencionados camiones. Según informaron, por día llegan a procesar más de 2 toneladas de material reciclable a través de un trabajo de separación, clasificación y venta del mismo.
Bernales detalló que el acuerdo con el Municipio implicaba el compromiso del Estado de no perseguir a las restantes 650 familias que quedaban por fuera del sistema de recolección, ya que la Comuna no dispuso de mayor cantidad de cupos laborales, por lo que este conjunto de trabajadores no tenía la posibilidad de dejar de trabajar con los caballos.
“Hace dos meses cuando vimos que avanzaba una licitación millonaria –en referencia al nuevo sistema de recolección de residuos– le dijimos al intendente Julio Garro que necesitábamos un aumento de sueldo por la inflación, y el incremento de cupos para que entren más compañeros para trabajar sin carros a caballo”, señaló el integrante de la Federación, y agregó: “Con seis meses de experiencia y trabajando bien, muchos compañeros quieren entrar al sistema de reciclado con inclusión social”.
Sin embargo, aseguró que “a partir de ese pedido, la respuesta que tuvimos fue una feroz persecución con Control Urbano y Protección Animal, quitando caballos y carros, y además frenando y parando a los que salen con carrito a mano. Entonces ya el tema no es sólo el carro a caballo, sino quién junta ese material, quién se lo queda. El intendente tiene una preferencia hacia las empresas privadas, y a nosotros nos quieren dar migajas. Prefieren que la empresa se lleve el material y dejar a miles de familias sin comida”.
“Le quieren dar alrededor de 140 millones de pesos por mes a un sistema que es totalmente deficiente, que no entra a todos los barrios, que cobra servicios que no cumple, que no está en armonía con el medio ambiente y que entierra todo en el Ceamse. Nosotros le proponemos otra manera de trabajar, que el material no se entierre y que sea recuperado para la industria, y nos devuelven una persecución feroz”, reflexionó y también se refirió a las rondas de diálogo que abrió la Municipalidad: “El intendente se dedica a hacer mesas por la paz social y al sector más vulnerable de la ciudad no lo atiende, lo persigue. Esto es una planificación de exterminio de una forma de trabajo”.
A la Federación tampoco se le pasa por alto que en el nuevo Código de Convivencia se establecen multas para quienes utilicen vehículos de tracción a sangre, situación que, aseguran, “persigue y criminaliza la pobreza”. Bernales afirmó además que el momento económico que atraviesan el país y la ciudad también repercute en la actividad: hay más familias trabajando en la recolección de material reciclable pero “hay poca circulación de materiales por la caída del consumo”.
Esta semana se encuentran realizando asambleas en los barrios para evaluar una posible movilización la semana que viene, para reclamar “el cese de la persecución, el aumento de los cupos laborales y un incremento del salario acorde a la inflación”.
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