Rechazan la reforma en el Régimen Penal Juvenil

Fotos: Nicolás Braicovich

La Comisión Provincial por la Memoria, junto con referentes de Derechos Humanos y organizaciones sociales, calificó los cambios como “regresivos” y advirtió que “va a traer más problemas a los pibes en situación de calle”

Mientras la gobernadora María Eugenia Vidal inauguraba hoy en la localidad de Campana una “cárcel modelo” para jóvenes de entre 18 y 21 años, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), junto con referentes de los Derechos Humanos y organizaciones sociales, rechazaba en una conferencia de prensa realizada en nuestra ciudad las modificaciones que la Provincia pretende realizar al Régimen Penal Juvenil.

Es decir, dos modelos enfrentados. Por un lado, uno con los lugares de encierro como referencia, resaltando incluso, en palabras de la mandataria bonaerense, que hacía “más de 20 años que no se construía en la Provincia una cárcel nueva”. Por el otro, uno que pretende defender la legislación que protege las garantías de los jóvenes en conflicto con la Ley Penal, resaltando el marco respetuoso de los derechos consagrados en la Convención Internacional de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes.

En un panel conformado por Roberto Cipriano (coordinador de la CPM), Sandra Raggio (directora general de programas del organismo), Nora Cortiñas (referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Ricardo Berenguer (defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial La Plata) y el cura Pedro Di Paola, se relataron los argumentos por los cuales se considera “regresiva en términos de derechos” la reforma planteada por la Gobernación.

Desde la CPM señalan que el intento de eliminar los Juzgados de Garantías limita el debido proceso, dado que se trata de una “autoridad judicial que estaba creada específicamente para controlar que se respeten los derechos y garantías de los jóvenes durante la investigación judicial”. “Eliminan el juez de garantías porque están pensando en restarle garantías a los pibes”, afirmó Cipriano.

A su vez, remarcó que con esta reforma “se habilita el uso desmedido de la prisión preventiva”, haciendo prevalecer el castigo por sobre la búsqueda de medidas alternativas al encierro, cuando justamente el Régimen Penal actual tiene como criterio rector la “excepcionalidad de las medidas restrictivas de la libertad”. Es decir, sólo utilizarlas como último recurso.

En ese sentido, también se pretende limitar el pedido de revisión trimestral de la prisión preventiva y extender los plazos para que el juez la disponga (quieren llevarla de 12 a 18 horas). “El problema es que ese plazo el pibe no lo pasa en un establecimiento adecuado a su condición, sino que lo pasa en una comisaría o en un patrullero circulando con la Policía. Hemos relevado innumerable cantidad de torturas y malos tratos en esta etapa de la detención judicial”, explicó el coordinador de la CPM.

A su vez, desde el organismo afirman que las modificaciones profundizarán “la tendencia hacia el uso desmedido de los juicios abreviados, que se han convertido en un mecanismo extorsivo” para que niños, niñas y adolescentes imputados “se declaren culpables y acuerden una pena con el fiscal, bajo la advertencia de que llegar a un juicio oral y público significará una condena aún mayor”.

“Lo que nosotros decimos es que el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil se va a achicar en la medida en que crezca el Sistema de Protección y Promoción de Derechos. A medida que haya más recursos y más operadores para este último, esto va a hacer que el primero se achique. Pero lo que está pasando es que el Sistema de Protección está colapsado, no hay recursos, con profesionales mal pagos, con situaciones contractuales precarias. Entonces ese sistema que tiene que atajar la demanda cotidiana no está, esa malla de contención no existe. Al no existir, los pibes quedan rápidamente fuera de la escuela o en situación de calle, y lo que primero llega entonces del Estado ahí es la Policía, que lo hace en su misión de regulación del delito en el territorio, con violencia o con tortura”, remarcó Cipriano.

“La reforma es para seguir castigando”

Por su parte, Cortiñas señaló que “los niños, niñas y jóvenes en este país no son escuchados. Cuando tienen que ir a parar a un juzgado no son escuchados, son castigados. Últimamente hemos estado viendo la persecución que tienen los niños en las villas”.

Asimismo, afirmó que los jóvenes “van creciendo en un ambiente hostil, y en vez de mejorarlo, de darle las posibilidades para que el niño y la niña se desarrollen, que puedan vivir felices en un mundo de adultos, hacen lo contrario. Estamos viviendo un retroceso en todo en este país, en la Justicia, en la verdad, en la situación económica, que también tiene que ver con la situación de niños, niñas y jóvenes. La reforma es para seguir castigando, es para reprimir más fuerte al pueblo, pero especialmente a los menores. Están en la mira de la Policía y de los gendarmes”.

Cabe señalar que hasta el momento la reforma está trabada en el Senado, ya que algunos de los bloques opositores (como el caso de Unidad Ciudadana) manifestaron críticas a los cambios, muchas de las cuales coinciden con las vertidas por la CPM. Sin embargo, el oficialismo tiene intenciones de avanzar y obtener dictamen favorable para poder llevarlo al recinto de la Cámara alta.

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