El Gobierno italiano endureció las condiciones de los solicitantes de asilo en el país con la aprobación de un decreto que prevé, entre otras cosas, expulsiones de los inmigrantes considerados “un peligro social” o condenados en primer grado. La normativa, aprobada en el Consejo de Ministros, fue impulsada por el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, que lleva a cabo una política de freno a la inmigración.
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