El Consejo Superior se declaró “en preocupación” por las políticas del gobierno en educación, ciencia y tecnología; también se aprobó una declaración de solidaridad por la situación de los trabajadores del Astillero Río Santiago. Lo central fue aprobar otros paquetes lanzados por el rector Fernando Tauber respecto a cómo se otorgan subsidios y contrataciones
Por Ramiro Laterza
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata sesionó esta mañana y aprobó por mayoría un paquete de proyectos de ordenanzas que, según sus propias autoridades, “apuntan a actualizar, mejorar y simplificar las prácticas administrativas en el ámbito de la casa de estudios”.
La propuesta, que fue elevada para su tratamiento por el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, incluyó un proyecto de ordenanza de profesores extraordinarios, un proyecto de ordenanza referente al reglamento de rendición de subsidios de la UNLP y el proyecto de ordenanza sobre el reglamento del régimen de contrataciones.
El paquete de modificaciones se suma a las ya aprobadas por el cuerpo en su sesión del mes de julio referidas, entre otros temas, al régimen de acceso a la información y protección de datos; celebración, ejecución y control de convenios; gestión electrónica institucional y reforma de la administración económica financiera.
Este conjunto de iniciativas –explicaron desde el Rectorado- “representará un gran avance en la mejora de las prácticas administrativas que rigen el funcionamiento de la UNLP. Las nuevas resoluciones y ordenanzas permitirán simplificar y dar mayor celeridad a los trámites, haciendo más eficiente la gestión, y alcanzando los más altos estándares de excelencia y ejemplaridad en el manejo de datos e información”.
En comunicación con Pulso Noticias, Mercedes Molteni, secretaria de Finanzas y Administración de la UNLP, afirmó que lo que se intenta crear con estas modificaciones es “su propio reglamento de contrataciones. No son grandes diferencias con lo que se venía haciendo hasta el momento, un sistema propio de la UNLP en contrataciones como en rendición o como los subsidios”.
A través de su presupuesto nacional, la UNLP tiene dentro de su partida dinero destinado a extensión e investigación, entre otras cosas, y de ahí se otorgan subsidios, por ejemplo, a los investigadores. Para Molteni, esta ordenanza es “innovadora” porque “a lo largo de los años hay subsidios que no se han podido rendir”, por ejemplo, cuando el investigador no consigue los comprobantes de lo gastado, así “se realiza un procedimiento que asegura que el investigador pueda hacer las rendiciones correspondientes”, explicó.
La visión de la minoría estudiantil
Las modificaciones que viene llevando adelante la gestión universitaria a cargo de Fernando Tauber trata de un paquete de reformas en la administración económica-financiera de la Universidad, particularmente de los regímenes de celebración de convenios (con empresas o con el Estado), en el acceso a la información pública y el acceso de datos.
Entre otras cosas, este nuevo régimen de contrataciones va a tener una comisión evaluadora, puesta por el rector. Además, en las licitaciones quienes se encarguen del control de la rendición también estarán a propuesta del presidente de turno de la UNLP. Esta situación, para el consejero superior de la facultad de Arquitectura, significa que las contrataciones con empresas privadas “van a estar a espaldas del movimiento estudiantil que hoy se demostró que es el factor que lleva a fondo la lucha por la defensa de la educación pública”.
Fernando López Plá, estudiante de arquitectura y representante en el Consejo, opinó que se trata de un intento de “auto-financiamiento”, que se apoya en el artículo 59 de la Ley de Educación Superior: ”Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera (…) Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicio, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad”.
“Bajo esta reforma se van a llevar adelante el manejo de los recursos materiales y de la producción intelectual y de recursos humanos, por las cúpulas universitarias: la presidencia, alguna secretaria y los decanos, pasando por encima de cualquier consejo directivo o el superior”, criticó Lopez Plá. Y agregó: “Todo esto refuerza todo un régimen de negociados” y recordó una denuncia de ausencia de rendición de 5.000 millones de pesos de una partida extrapresupuestaria por parte del Estado a la universidad.
El acceso a la información pública
Respecto a otra de las modificaciones del rectorado, el estudiante de arquitectura resaltó el artículo 8 de la ley de información pública 27275: “Habla del secreto empresarial, y la universidad en su reforma reconoce ese artículo pudiéndose apoyar en él para ocultar acuerdos según les convenga. Las empresas utilizan ese artículo para despedir gente sin abrir los libros contables. Nosotros queremos que la celebración de convenios y de pasantías este bajo control de docentes y estudiantes”.
Otros temas
El Consejo Superior también aprobó una declaración de preocupación frente a las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional en materia de educación, ciencia y tecnología. Asimismo, votó en forma favorable la propuesta de declaración impulsada por el claustro estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias, a favor del tratamiento del proyecto por la separación de la Iglesia y el Estado, y finalmente se aprobó un proyecto de declaración de preocupación por la situación de Astillero Río Santiago y sus trabajadores.
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