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domingo 26-05-2024

“Hace 25 años que la Corte está diciendo que no se pueden alojar menores de 18 años en las comisarías y se sigue haciendo”

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Así lo expresó el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, en diálogo con La Primera Maraña, luego de que la Sala 3 del Tribunal de Casación Bonaerense prohíba a la Policía Bonaerense las detenciones por averiguación de identidad de niñas, niños y adolescentes.

Tras constatar una larga lista de aprehensiones policiales de niñas, niños y adolescentes por motivos arbitrarios y mediante prácticas irregulares, a través del análisis de los libros de “Detenidos menores” de la Seccional 1° del Partido de la Costa, en Santa Teresita, y en comisarías de otras localidades, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un habeas corpus colectivo y de carácter correctivo.

Esa acción judicial fue iniciada en diciembre de 2016, fue rechaza en primera instancia por la titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 del departamento judicial de Dolores, María Fernanda Hachman; luego confirmado por la Cámara de Apelación y Garantías departamental. Mientras que hace unos días, la Sala 3 de Casación Penal bonaerense -con los votos de los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana- anuló la sentencia de Cámara y declaró inaplicable en todo el territorio provincial la facultad de la policía de detener a niñas, niños y adolescentes por averiguación de identidad.

“Hicimos una presentación pidiendo, que justamente la policía cese con esa actuación en relación a los a los jóvenes. Que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo de ese inciso c del artículo 15 de la ley 13482 y bueno empezó un largo derrotero en principio”, contó Roberto Cipriano García en diálogo con La Primera Maraña, un programa de radio coproducido por Pulso Noticias y Radionauta. Tras la serie de rechazos judiciales, García destacó que “es un muy buen fallo de los jueces Carral y Maidana, que va a tener efecto sobre todo el territorio provincial. Y esto es lo importante, se declara la inconstitucionalidad de ese artículo y no se puede detener más a los jóvenes”.

– ¿Y esto es único en la provincia de Buenos Aires o hay algún tipo de antecedente en otras provincias?

Las atribuciones policiales son muy amplias en todos lados, y en general la Justicia no las limita. No, no hay antecedentes por lo menos que conozca en otras provincias. En general en los tribunales, avalan estas atribuciones policiales que fue lo que pasó también en la provincia y no las no las limitan porque consideran que es parte de la de la tarea policial.

– ¿Cómo ven la aplicación, digamos, la bajada de esta nueva prohibición a la policía, ustedes tienen algún tipo de seguimiento de eso, sabiendo que en general hay también un abuso más allá?

Nosotros incluso hemos planteado la inconstitucionalidad de este artículo también para los mayores. Hace poco lo hicimos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia justamente por un proyecto que se daba que modificaba la ley y quitaba este inciso a ese artículo. O sea, hay todo un proceso donde los sectores de la política asumen que son atribuciones desmedidas, arbitrarias y que permiten a la policía esa detención de acuerdo a lo que se llama el “olfato policial”. Digamos, la policía no tiene razón justificada para detener porque la persona no está cometiendo un delito, o no hay una orden judicial para detenerla y la policía va y lo detiene. En general esas detenciones son a personas pobres, jóvenes, de gorrita, morocho, del estereotipo del “delincuente” que construye la policía, y también una parte de nuestra sociedad.

Entonces bueno, ahora vamos a controlar por supuesto que se cumpla, que no se detengan a los jóvenes por esta figura. La policía es renuente a cumplir con estas órdenes judiciales, si no hay una decisión política muy fuerte que se cumpla es probable que no pase. Por ejemplo, hace 25 años la Corte de la Provincia viene ordenando y disponiendo en distintas resoluciones que no se puedan alojar a menores 18 años en Comisarías y hoy se siguen alojando menores de 18 años en Comisarías. Modificar las prácticas policiales siempre resulta una tarea ardua, difícil, son prácticas enquistadas en la fuerza de muchos años, pero bueno, parte de la tarea que nos vamos a dar es justamente controlar que esto se cumpla.

¿Cómo ven ustedes este nuevo fallo vinculado con los discursos de derecha y los discursos negacionistas que estamos escuchando de las fuerzas electorales? ¿Y cómo lo están viendo en las fuerzas de seguridad, si están viendo algún tipo de envalentonamiento de la derecha en general?

Siempre justamente esos discursos que se construye desde la política, pero también desde distintos sectores de la sociedad. Esos discursos obviamente son habilitadores de la violencia estatal de la violencia policial. Esos discursos lo que hacen es construir esa legitimidad: hace pocos días en una Comisaría de Pergamino les pasaron corriente eléctrica a varios detenidos. Y son cosas que no es que pasen habitualmente. Empiezan a pasar algunos hechos que uno ve que hay cierta justificación de una parte importante de la sociedad, son casos que no tienen tanta repercusión en los medios, mayormente en los medios masivos de comunicación empresariales. Y esto es un terreno donde este tipo de prácticas se van profundizando, así que, por supuesto que hay una preocupación en esta clave porque en la medida que no haya una decisión política muy clara y en la medida que esa decisión política muy clara, no se traduzca en políticas, el problema que tenemos es que se van consolidando estas ideas y ya no hay quién las interpele. Porque si la sociedad no se conmueve con esto, si la sociedad no plantea que esto es algo que hay que modificar, después eso no se traduce en acciones políticas para hacerlo.

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A nosotros nos preocupa porque se va consolidando una idea de cierta deshumanización de ciertos sectores de la población, sobre los que vale todo. Vale matarlos, vale torturarlos, y se construye también un discurso punitivista y de mano dura en nuestra sociedad que termina avalando este tipo de prácticas. Y si toda la sociedad las avala, la política tampoco está dispuesta a hacer mucho para cambiarlo.

De todas maneras, particularmente en la provincia de Buenos Aires lo que nosotros vemos desde hace muchos años, es que hay una política transversal a todos los gobiernos, una política de seguridad que continúa en el tiempo. Hoy la política de Seguridad, cuando ve la actuación policial o el discurso del ministro de Seguridad, es similar al de la gestión anterior que era de otro signo político y es similar al de la gestión anterior que era del mismo signo político que el actual. Y bueno, es una disputa permanente por modificarla y que tiene que ver efectivamente con cómo la sociedad lo va entendiendo y cómo lo va lo va planteando.

– ¿Y si no estuviera la Comisión Provincial por la Memoria quién ahí puede estar regulando? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para regular la actuación de las fuerzas de seguridad?

No hay muchos organismos públicos que se dediquen a trabajar esta temática por lo menos con esta perspectiva. La Comisión hace más o menos veinte años que viene haciendo esta tarea, y ahora además hemos sido designados formalmente como un mecanismo de prevención de la tortura, que es una institucionalidad construida a nivel nacional a partir de la creación del Sistema Nacional de Prevención de la tortura. Porque a Argentina se obligó internacionalmente a cumplir con el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y eso implica la creación de un Comité Nacional de Prevención de la Tortura y Comités Provinciales de Prevención de la Tortura o también llamados mecanismos locales, y en este caso, la Comisión fue designada como ese mecanismo local de la provincia de Buenos Aires. Así que tenemos esa obligación, incluso desde el punto de vista normativo. Antes lo hacíamos sin tener esa obligación, era una decisión de la propia Comisión.

Hay un problema también en que no hay políticas integrales de prevención de la tortura, de sanción de la tortura, de asistencia a la víctima de tortura en la provincia, y te diría que no hay en la Argentina. No está pensada de manera integral sobre cómo radicar esa práctica de la tortura, que como bien decís, por supuesto tiene que ver con todo un anclaje de mucho tiempo en fuerzas que no fueron democratizadas porque ni la policía ni los Servicios Penitenciarios atravesaron procesos de democratización. Más allá de que hoy ya no queden personas que hayan trabajado en la época de la dictadura en esta fuerza, hay una transmisión de las prácticas que obviamente se asumen desde esta manera. Pero bueno también de toda una construcción que tiene que ver con estos tiempos del neoliberalismo, de la deshumanización, de otredad con aquel que está ahí, de nula empatía con las víctimas. Hoy tenés un Poder Judicial que también es responsable de lo que pasa, que no escucha a las víctimas, que no se mete con estos casos, que no está dispuesto a juzgar a los victimarios, es decir, tenemos un problema estructural que si no hay políticas de Estado muy claras y de cambiarlas va a ser difícil que esto se modifique.

¿En vinculación con esto de que decías de la justicia, este fallo que ustedes lograron piensa que ya es el definitivo o hay algún riesgo de que haya algún tipo de apelación?

El fallo es un buen fallo. Va a ser un seguimiento cuerpo a cuerpo. Lo que hacemos es relevar los libros de las comisarías donde se registran las detenciones. Ahí surgen que se detuvieron a jóvenes, niños incluso. Esperemos que haya una decisión fuerte del Poder Ejecutivo de que cumplan con este fallo.

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