Hablamos con una de las abogadas del CELS que formó parte del pedido. El fallo por el Acceso a la Información Pública había tenido sentencia favorable pero luego apelado. Ahora la Cámara de Apelación ratificó la sentencia y exigió su cumplimiento
Hace dos años, una coalición conformada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversos movimientos feministas, incluyendo la Campaña por el Derecho al Aborto, emprendió una solicitud de acceso a la información pública. El objetivo era desentrañar cómo se estaba llevando a cabo en la ciudad de La Plata la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), establecida por la ley 27.610, a nivel local.
La solicitud primera se presentó a la Secretaría de Salud con un pedido claro: obtener claridad sobre el enfoque y la garantía de cumplimiento de la IVE en los centros de atención primaria, clínicas y salas médicas. Sin embargo, el silencio sepulcral de las autoridades de salud fue el primer obstáculo. Ante la falta de respuesta, la insistencia se tornó una necesidad. Se solicitó un “Pronto despacho”, buscando acelerar el proceso. Pero, enfrentando una persistente ausencia de respuestas municipales, se tomaron medidas más drásticas: la judicialización del asunto, en forma de un amparo por acceso a la información pública.
El año pasado, la balanza finalmente se inclinó hacia la transparencia. Una sentencia determinó que el municipio estaba obligado a proporcionar la información requerida. No obstante, la reacción municipal no fue aceptar la decisión de forma pasiva. Apelaron, alegando que los solicitantes carecían de legitimidad para hacer tales demandas.
Pero, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata, de manera unánime, ratificó, durante los primeros días de agosto, la sentencia original y exigió que el municipio abriera sus archivos.
En comunicación con Radionauta y Pulso Noticias, una de las abogadas del CELS, Lucía De la Vega, opinó sobre la importancia de este fallo: “La información buscada, es información pública, crucial para supervisar la implementación de la ley y para la formulación de políticas efectivas”.
La obligación de implementar la IVE recae en los tres niveles de gobierno: federal, provincial y municipal. En este último, los centros de atención primaria “juegan un papel clave”, explicó Lucía, siendo los lugares de acceso más directo para mujeres y personas que buscan ejercer este derecho. Sin embargo, la falta de voluntad política y de recursos fue una revelación importante. A pesar de la disposición del personal de salud, la implementación se vio entorpecida por la carencia de apoyo y recursos municipales.
La falta de información precisa y completa fue otro obstáculo. Las interrogantes dirigidas al municipio, sobre capacitaciones, recursos y tratamientos proporcionados, quedaron en gran parte sin respuesta. La importancia de tratamientos como el aborto en los centros de atención primaria no fue reflejada en la respuesta parcial que se recibió.
La importancia del fallo
Junto al CELS, la coalición para presentar estos fallos, participaron: la Amnistía Internacional Argentina, junto con el equipo latinoamericano de Género y Justicia y junto con la campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Socorristas Desobedientes y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir La Plata, Berisso y Ensenada.
Según la abogada litigante del CELS, este fallo judicial no solo tiene implicaciones para el caso específico, sino que arroja luz sobre el acceso a la información pública en temas de política pública y derechos humanos en general. “El fallo, robusto en sus fundamentos, tiene el potencial de inspirar acciones similares en otras provincias y municipios donde la implementación de leyes similares pueda estar en tela de juicio”, agregó, y destacó que hay mucha voluntad por parte de trabajadoras de la salud, locales, y que no tienen respuesta por parte de las autoridades municipales.
Las organizaciones detrás de este esfuerzo conjunto, como el CELS, Amnistía Internacional Argentina, y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, entre otras, subrayan su compromiso. No se limita a un veredicto; va más allá. Buscan que el municipio no solo cumpla con la ley en términos legales, sino que se esfuerce por diseñar políticas públicas que hagan efectiva la ley y asignen los recursos necesarios.
Sin embargo, aunque el fallo parece sólido, la posibilidad de apelación por parte del municipio persiste. La lucha no termina con el veredicto; la implementación efectiva es el siguiente paso. La información, esencial para esta implementación y la formulación de políticas sólidas, será una pieza crucial en este rompecabezas.
“En un contexto donde los estados provinciales y municipales tienden a responder a solicitudes de información, la judicialización se revela como una medida excepcional, pero necesaria, para garantizar la transparencia y el acceso a los datos que deben ser públicos”, culminó De la Vega respecto a este ejemplo de cómo la lucha por la información pública puede abrir un camino hacia la transparencia y la implementación efectiva de leyes fundamentales.
La experiencia del CELS en la ciudad también fue conocida en otros casos, como la lucha contra la falta de información en la construcción de barrios cerrados y countries y el impacto ambiental de estas decisiones.
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