Así lo decidió un fallo de la justicia, negando las atribuciones que le corresponden al organismo para presentarse como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Reclaman mayor transparencia para poder determinar las responsabilidades policiales y políticas en los hechos acontecidos en el Bosque
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata rechazó que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) intervenga como particular damnificado institucional en la causa que investiga la represión de la Policía Bonaerense contra el público que asistió al partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors, en octubre de 2022.
“La Comisión Provincial por la Memoria no podrá revestir aun la calidad de particular damnificado en el presente caso por cuanto para serle concedido tal carácter es preciso que hayan resultado afectados por la comisión de un delito -háyase o no demostrado el mismo-, y tener un interés directo y concreto”, resolvió la Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata, con los votos de la jueza Laura Lasaga y el juez Juan Alberto Benavides.
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La decisión confirma lo dispuesto el 3 de noviembre pasado por el Juzgado de Garantías 6, a cargo del juez Agustín Crispo. Según informó la Agencia Andar “en uno y otro caso, los funcionarios judiciales incurrieron en interpretaciones y valoraciones arbitrarias, contrarias a la ley”.
El fallo niega las atribuciones que le corresponden a organismos como la CPM a presentarse como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y que son establecidas en las leyes vigentes.
Entre los hechos denunciados la noche de la represión policial en la previa del partido entre Gimnasia y Boca se encuentran la muerte de César Gustavo “Lolo” Regueiro, además de los cientos de heridos (incluyendo niñas y niños). La actuación policial incluyó gases lacrimógenos y disparos de armas de fuego con balas de goma. Las pericias dieron cuenta de más de 400 cartuchos recogidos.
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“La trascendencia social y política de una causa que debe investigar las responsabilidades policiales pero también las responsabilidades políticas de los funcionarios del Ministerio de Seguridad que organizaron y dirigieron este procedimiento, debería motivar decisiones institucionales que le den mayor transparencia al proceso en lugar de ocultarlo y cerrar la posibilidad de control a los organismos designados para tal fin”, manifestaron desde la CPM.
(Fuente: Agencia Andar)
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