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jueves 02-02-2023

A siete años de la muerte de Emilia Uscamayta, el juicio sigue sin realizarse

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La familia de la joven fallecida durante una fiesta clandestina en Melchor Romero volvió a pedir por el inicio del proceso judicial, demorado desde octubre pasado. Actualmente están imputados cuatro empresarios y un ex funcionario municipal

Familiares, amigos y allegados a Emilia Uscamayta Curí volvieron a exigir el inicio del juicio oral y público que determine las responsabilidades por la muerte de la joven estudiante de periodismo durante una fiesta clandestina en Melchor Romero, el 1° de enero de 2016.

“Esperamos la designación del juicio oral y público para que se resuelva lo vinculado a la muerte de Emilia; al día de hoy, a siete años del hecho, todavía no hubo juicio ni hay fecha”, explicó a la Agencia TELAM Adrián Rodríguez Antinao, abogado de la familia Uscamayta Curi, al cumplirse un nuevo aniversario del lamentable episodio.

La joven perdió la vida al ahogarse en la pileta de una fiesta que se realizaba de manera ilegal en una casaquinta ubicada en 520, entre 159 y 160. Por el caso, hay cuatro empresarios acusados de “homicidio simple con dolo eventual, en concurso real con el delito de desobediencia en dos oportunidades”, dado que la fiesta no debería haberse llevada a cabo por distintas irregularidades y aún así se realizó. Ellos son Gastón Haramboure, Santiago Piedrabuena, Carlos Bellone y Raúl García.

Asimismo, la justicia no avanzó a fondo sobre las responsabilidades políticas. Sólo el exsecretario de Seguridad de La Plata, Daniel Piqué, está imputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El juicio debía empezar el 25 de octubre del año pasado, pero se suspendió por los planteos de la defensa de los imputados. En ese sentido, el próximo 14 de febrero habrá una audiencia para resolver el pedido de recusación contra la fiscal Graciela Rivero, sospechada de cierto favoritismo por los acusados.

“Rivero sostiene los pedidos de los abogados defensores de los imputados, con quienes mantiene una buena comunicación, mientras que a la familia de la víctima no la atiende. La fiscal nunca puede estar en contra de la víctima, en este caso fallecida”, señaló Rodríguez Antinao.

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