El CECIM reclama al gobernador Axel Kicillof que vete una ley recientemente aprobada que establece un régimen previsional especial para oficiales y suboficiales que hayan participado de la guerra de Malvinas. Desde el Centro de Ex Combatientes platense manifiestan que los militares acusados de realizar torturas tendrían el mismo beneficio que las víctimas de esas prácticas. Ernesto Alonso, uno de sus referentes, habló con el programa Primera Maraña
El Centro de Ex Combatientes de La Plata repudió la reciente aprobación por parte del Senado bonaerense de la ley que establece un régimen previsional especial para oficiales y suboficiales que hayan participado en el conflicto armado de 1982, iniciativa presentada por el diputado provincial del unibloque “17 de noviembre”, Fabio Britos.
El 24 de mayo pasado el proyecto se trató en Diputados y generó algunas discrepancias en el bloque del Frente de Todos, ya que hubo legisladores y legisladoras que se abstuvieron, mientras que la Izquierda votó en contra. No obstante, obtuvo media sanción en la Cámara baja. Tres meses más tarde tomó estado parlamentario en el Senado y finalmente el último jueves se convirtió en Ley en el marco de la Cámara alta provincial.
“Lamentablemente, hay legisladores que han perdido la memoria. Se olvidan que Malvinas también fue la dictadura. En las Islas se llevaron adelante las mismas prácticas abusivas y de tortura que durante el terrorismo de Estado. Esta obsena ley de privilegios representa un retroceso inexplicable”, expresó Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM, a Primera Maraña, el programa que coproducen Radionauta y Pulso Noticias.
Una ley “hecha a medida de los militares”
La norma establece un régimen previsional especial para los suboficiales y oficiales combatientes de las fuerzas armadas y de seguridad, que hayan participado en la Guerra de Malvinas y que sean aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS), y agentes del Banco Provincia.
Si bien se aclaró que no gozarán del beneficio los oficiales y suboficiales que se encuentren procesados o hayan sido condenados por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, desde el Cecim consideran que es “una ley hecha a medida de los militares” porque no se le puede negar el beneficio a quien no contenga una sentencia firme.
En un comunicado, la organización de ex combatientes señaló que en el expediente de la propuesta “constan los rechazos de las organizaciones de Ex Soldados Conscriptos, que advirtieron que, de aprobarse inmediatamente serían beneficiaros militares denunciados en la causa 1777/07″. En esta causa se investigan los “hechos aberrantes cometidos contra los soldados conscriptos durante la guerra de 1982″, explicaron.
Los Ex Combatientes también indicaron que el proyecto logró aprobarse sin pasar “por una sola comisión para su análisis”, asegurando que “el lobby militar tuvo muchos adeptos y operó muy fuerte en Lomas de Zamora, donde logró el compromiso del jefe de Gabinete, Martín Isaurralde quien motorizó su aprobación”.
Entrega de petitorio en Gobernación
Esta mañana, desde el CECIM presentaron un pedido formal al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para que vete la norma recientemente aprobada, la cual cuenta con el rechazo de Abuelas de Plaza de Mayo, la APDH, la Comisión Provincial por la Memoria, la CTA y ATE, entre otras organizaciones. Posteriormente, se realizó una conferencia de prensa frente a la Casa de Gobierno provincial.
“Inexplicablemente, en la provincia de Buenos Aires el Instituto de Previsión Social liquida más pensiones a ex militares que a los soldados conscriptos que cumpliendo el servicio militar obligatorio fueron llevados a Malvinas por la dictadura cívico-militar. Se están pagando más de 4500 beneficios a ex militares, mientras que en el caso de los soldados no superan los 3500″, precisó Alonso.
Por último, el ex combatiente hizo hincapié en que esta medida impactará notablemente en las arcas provinciales: “Si esta ley avanza, se gastarían un 4200 millones de pesos anuales. Hay sectores que están bajo la línea de pobreza y la legislatura provincial insiste con otorgar estos beneficios a gente que, encima, ya tiene otro beneficio previsional. Esta situación debe observarse. Queremos defender el erario público”.
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