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miércoles 28-09-2022

Se sostiene la situación crítica en las cárceles bonaerenses

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La Comisión Provincial por la Memoria presentó su XVI Informe Anual sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad. “En 2021 se consolidaron las políticas punitivistas”, afirmaron. Persiste la vulneración sistemática de los derechos humanos a cargo del Estado provincial

Los datos que anualmente releva y presenta la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, vuelven a mostrar la continuidad de políticas sistemáticas de vulneración de los derechos humanos aplicadas por el Estado provincial -gobierne quien gobierne- en los lugares de encierro de todo el territorio bonaerense.

Este jueves la CPM presentó su XVI Informe Anual sobre el sistema de encierro, las políticas de seguridad, salud mental y niñeces en la Provincia de Buenos Aires. Al igual que en las ediciones anteriores, el título del documento es elocuente: “El Sistema de la Crueldad”.

“La tortura y los malos tratos son prácticas generalizadas utilizadas como técnicas de disciplinamiento y sometimiento de los grupos señalados como peligrosos que forman parte de los sectores populares”, señala el documento para contextualizar ese encabezado.

El relevamiento se sustenta en las tareas de monitoreo, intervención e investigación realizadas por el organismo durante 2021. “La información que se hace pública da cuenta de las graves violaciones de derechos humanos que persisten en lugares de encierro sobre personas adultas o niñas, y en el despliegue policial en los territorios. También da cuenta de la responsabilidad de un poder judicial que no cumple su función de garante de derechos y control de la legalidad”, remarca.

A su vez, se señala que “estas violaciones estructurales de derechos humanos, sustentadas en la práctica sistemática de la tortura, no son una novedad: son la continuidad de las políticas punitivistas o de la mano dura que se implementan en el territorio provincial desde hace más de 20 años”.

Consolidación de políticas punitivistas

Sin matices, la CPM afirma que “en el año 2021 se consolidaron las políticas punitivistas. Las consecuencias pueden verse en el crecimiento sostenido de la población detenida en cárceles, alcaidías, comisarías y monitoreo electrónico: 50.148 personas en 2020 y 54.107 en 2021”.

“Las políticas de seguridad continuaron centradas en la idea de saturación policial en los territorios, expresada en anuncios de incorporar en dos años 40.000 nuevos policías, la mayor parte para trabajar en el Conurbano bonaerense, que se sumarían a los casi 100.000 con que cuenta la Bonaerense. También se anunciaron instancias de formación, práctica de tiro y de manejo, pero inscriptas en la misma matriz: la retórica discursiva de presentar batalla y hacer la guerra, asociada a las manifestaciones o barrios populares, como puede verse en la comunicación oficial de Fuerza Buenos Aires”, explican.

Violencia policial y gatillo fácil

Según indica el informe, durante 2021, la CPM intervino en 403 casos de violencia policial que involucraron a 466 víctimas individuales (más del 15 % por ciento eran niñas, niños y jóvenes), e intervino en 29 hechos con víctimas colectivas o indeterminadas. “Con respecto a las prácticas policiales, la violencia física se constituyó en la más denunciada (162 ocasiones) y la segunda fue el uso letal de la fuerza (97 ocasiones). Estas prácticas policiales ocurrieron en todo el territorio provincial: 154 localidades de 72 municipios de la Provincia”.

En cuanto a los casos de gatillo fácil señalan que “en 2021 se registraron 120 muertes producidas por policías en el territorio provincial; 25 víctimas eran menores de edad, manteniéndose la cifra de años anteriores, y 10 casos por razones de género: 7 femicidios y tres femicidios vinculados. De estos últimos, en 8 de los 10 casos la muerte se produjo con el arma provista por el Estado y también en 8 de los 10 casos los agentes se encontraban fuera de servicio”.

“Con respecto al armado y fraguado de causas penales, la CPM trabajó en 57 denuncias durante 2021, y de su análisis vuelve a surgir el rol de la justicia en la convalidación del discurso policial-fiscal. Se observa una serie de irregularidades comunes tales como el inicio de la investigación mediante denuncias anónimas y la delegación de la investigación en la policía, que al iniciar las causas presenta los hechos delictivos y su resolución o esclarecimiento inmediato realizando diligencias sin control judicial”, afirman.

Superpoblación y hacinamiento

Los distintos fallos judiciales que le ordenan al Estado provincial la implementación de medidas para reducir la sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles han sido sistemáticamente incumplidos por todos los gobiernos bonaerenses. Una vez más, el informe de la CPM da cuenta de una situación cada vez más alarmante.

“A fines de 2021 había 4.445 personas detenidas en comisarías. Si bien hay un descenso del 6,5% en relación a diciembre de 2020 (314 personas menos), el promedio de alojamiento en 2021 fue de 4.500 personas por mes. En los últimos 10 años (2012-2021) la población detenida en comisarías aumentó un 397%. En cuanto a la sobrepoblación, en 2021 fue de 222%, aunque si se contabilizan sólo las dependencias que efectivamente alojaban personas la sobrepoblación registrada alcanza el 232%. Los años 2020 y 2021 presentan las cifras más altas desde 2006: en el extremo, hubo 9 comisarías con más de 400% de sobrepoblación y una en particular informó tener capacidad para una persona y alojaba 17”, se indica.

En ese marco, las muertes en comisarías alcanzaron un récord en 2021: 25 personas fallecieron bajo custodia policial, la cifra más alta en los últimos 10 años, periodo en el que se registraron 187 muertes en dependencias policiales de la Provincia. “La mitad de las comisarías donde murieron personas en 2021 estaban clausuradas o no habilitadas”, detallan.

“En cuanto a las políticas penitenciarias, siguió creciendo la cantidad de personas detenidas en cárceles y alcaidías: en diciembre de 2021 ascendió a 49.662 personas contra 45.392 de diciembre de 2020. Esto elevó la tasa de encarcelamiento de 306 personas cada 100.000 habitantes, contra 284 de diciembre de 2020”, explican.

Una solución que no soluciona nada

La CPM apunta que como respuesta a esta situación crítica, “el Ministerio de Justicia centró sus acciones en la construcción de más plazas penitenciarias. Otras gestiones de gobierno pusieron también el énfasis en la misma cuestión: entre 2001 y 2021 se crearon 11.800 plazas y la población detenida aumentó en 29.500 personas. El año pasado, en 66 establecimientos con capacidad total para alojar 22.060 personas se registró una sobrepoblación de 111%. El problema principal no es la infraestructura carcelaria sino la política criminal que los tres poderes del Estado se niegan a modificar. Si la tasa de encarcelamiento no disminuye, no será posible bajar estos índices. La construcción de más plazas no reduce la sobrepoblación, sólo incrementa y cristaliza nuevos pisos de encarcelamiento”.

Salud, otra deuda pendiente

En materia de salud, la desatención por parte de profesionales y la falta de continuidad de tratamientos prescritos son los principales problemas denunciados ante la CPM. “En más de 120 casos las víctimas habían sido diagnosticadas antes de ser detenidas y su tratamiento se suspendió por el encarcelamiento. Además, se detectaron situaciones de espera de más de un año para recibir revisión médica. Las cuestiones de salud no atendidas provocaron la mayor causal de muertes en contextos de encierro. En 2021, 199 personas murieron en cárceles provinciales contra 178 en 2020: un incremento de la tasa de fallecimientos que pasó de 4,2 a 4,4 cada 10.000 personas en 2021. De estas 199 muertes, 8 de cada 10 ocurrieron por problemas de salud no asistidos”.

Disciplinamiento patriarcal

El informe analiza también el encierro y disciplinamiento patriarcal. “A finales de 2021, había 2.405 mujeres y 112 personas trans y travestis detenidas en el SPB, el 5% del total de la población privada de su libertad. Ambas poblaciones aumentaron con respecto a 2020. El SPB tiene estipulado el cupo para 1.057 mujeres, esto significa que en 2021 la sobrepoblación fue del 60%, 23 puntos más respecto a 2020”.

Como denunció la CPM en informes anteriores, “persiste la sistematicidad y el carácter diferencial de las vulneraciones de derechos a mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+, por ejemplo en la cantidad de personas detenidas sin condena: mientras que en detenidos varones el 52,5% son procesados, en el caso de mujeres asciende a 59,8% y en la población trans y travesti al 73,2 %”.

A su vez, el informe destaca que “el principal problema expresado es la falta de atención a la salud y los controles ginecológicos, ya que no hay personal especializado en la unidad y no reciben atención extra muro. Y en el caso de las personas trans, el incumplimiento de los tratamientos de hormonización que provoca padecimientos graves o el incumplimiento de diversos aspectos de la ley de género”.

Niñez y adolescencia en riesgo

Situaciones de violencia hacia niñes y adolescentes a cargo del Estado provincial como las que ocurrieron este año en el Hogar Servente y el año pasado en el Hogar Rosa Ciampa, ambos de nuestra ciudad,son apenas una pequeña muestra de la crisis sostenida de las políticas públicas de las distintas gestiones a cargo del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).

El informe de la CPM también da cuenta de esto. En 2021 la inmensa mayoría de los niños, niñas y jóvenes (NNyJ) abordados por el sistema de protección y promoción de derechos (SSPD) “fueron alojados en dispositivos no oficiales, lo que evidencia la escasez de recursos del Estado para dar respuesta a los problemas del sector y deriva en una supervisión deficiente de los convenios debido a la cantidad de dispositivos para auditar”.

“Por otra parte, el porcentaje de egresos durante este período fue inferior al de ingresos, tendencia opuesta al informe del año anterior. Más de la cuarta parte de los egresos (26,5%), se produjeron por abandono unilateral de la medida, un panorama desalentador sobre el estado del SPPD porque se trata de NNyJ expulsados del sistema por falta de intervenciones restitutivas y/o ausencia de recursos y abordajes alternativos que los contengan”, se afirma

Además, la CPM remarca que “las inspecciones realizadas a los hogares convivenciales dieron cuenta de que los NNyJ son víctimas de violencia por parte de funcionarios responsables. En otros casos, los operadores o trabajadores, además de estar precarizados, no cuentan con la formación profesional necesaria para abordar situaciones complejas y desconocen los protocolos de actuación”.

“A esto se suma el hacinamiento y las malas condiciones edilicias de los hogares, producto de años de desfinanciamiento. Existe también una afectación grave al derecho de acceso a la justicia y a la información: en general los NNyJ no tienen conocimiento de su situación, contacto con juzgados y/o asesorías ni participación en decisiones que los involucran directamente, todo en completa violación a las normativas vigentes”, se asegura.

En ese sentido, se indica que “ante la ausencia de un proyecto institucional, el OPNyA no logra garantizar un piso mínimo de derechos para el abordaje de NNyJ (…) Lo habitual es que los NNyJ crezcan en la institución hasta que llegan a la mayoría de edad sin ningún avance en la revinculación familiar o el proceso judicial de adopción, y suelen ser derivados a hogares para personas adultas. La institucionalización resulta así el único abordaje que ofrece el Estado”.

“Según el informe REINA (registro integral de niñez y adolescencia del OPNyA), a diciembre de 2021 el 78% de los NNyJ privados de libertad estaban en dispositivos de régimen cerrado. La tortura, los malos tratos y las violencias a las que se expone a jóvenes muestran el creciente proceso de carcelización que atraviesan estos lugares de encierro. Las condiciones de detención y el nulo acceso a la atención de la salud mental confluyen para generar un estado de situación alarmante, cuyo indicador más relevante son actos en los que los jóvenes ponen en riesgo su propia vida”, concluye el informe.

Para leer el documento completo, hacer click acá.

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