El expediente no pasará a Comodoro Py como pretendían algunos de los imputados. En esta causa están procesados dos exfuncionarios del gobierno de Vidal, el exministro de Trabajo Marcelo Villegas y el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi; el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y exdirectivos de la AFI
La Cámara Federal de La Plata determinó que la causa en la que se investiga a la denominada “Gestapo antisindical” bonaerense seguirá tramitando ante la justicia federal de esta ciudad y no pasará a los tribunales federales porteños, al rechazar las apelaciones de los imputados que pretendían que el expediente pasara a Comodoro Py.
La decisión fue tomada por el camarista federal platense, Jorge Eduardo Di Lorenzo, en el expediente en el que se investiga se ejecutaron actividades ilegales para lograr la detención del gremialista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina, durante los gobiernos de Mauricio Macri a nivel nacional y María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires.
El camarista platense le dio la razón al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que a fines de junio y por cuestiones de economía procesal rechazó que la causa que investiga un sistema para perseguir dirigentes sindicales implementada por funcionarios macristas y exespías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pase a los tribunales de Retiro, como solicitó su par porteño Marcelo Martínez de Giorgi.
En aquel fallo el magistrado sostuvo que los supuestos delitos investigados en esta causa ocurrieron en múltiples escenarios desplegados entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y que no sería aconsejable cambiar el caso de jurisdicción y acumularlo a la causa que tramita en Comodoro Py, conocida como “Mario Bross”, en la que se investigan tareas de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, gremiales, sociales y hasta periodistas.
“Incluir esta causa, en la que se investiga una específica y sofisticada maniobra, dentro un proceso caracterizado por la amplitud de su objeto, la multiplicidad de las líneas de instrucción abiertas, así como de presuntas víctimas e imputados que en nada se relacionan con el caso que aquí se trata, resultaría claramente contraproducente para la continuidad de esta pesquisa”, había considerado Krpelak.
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En el fallo dado a conocer hoy, el camarista Di Lorenzo compartió el criterio del juez de primera instancia y remarcó: “Los hechos ilícitos investigados y por los que fueron procesados los imputados podrían considerarse cometidos en todas las jurisdicciones que se han señalado a lo largo de esta resolución. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al menos, una parte del delito del art. 43 ter de la Ley de Inteligencia; en Quilmes y La Plata lo vinculado más directamente con el supuesto prevaricato, y en Ensenada también las tareas de inteligencia ilegal llevadas a cabo por algunos funcionarios de la AFI”.
Entre quienes habían reclamado que el caso pase a Comodoro Py pase a la Ciudad de Buenos Aires se encuentra el exdirector del área jurídica de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, quien planteó que existen puntos de contacto entre esta causa y otras que tramitan en suelo porteño donde, además, está la sede central de la agencia de inteligencia.
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En esta causa están procesados dos exfuncionarios del gobierno de Vidal (el exministro de Trabajo Marcelo Villegas y el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi), el intendente de La Plata, Julio Garro, y el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan, además de los exdirectivos de la AFI De Stefano, Darío Biorci (jefe de Gabinete) y Diego Dalmau Pereyra (Contrainteligencia).
El caso salió a la luz a partir de una denuncia formulada por la exinterventora de la AFI, Cristina Caamaño, tras el hallazgo de una video de una reunión ocurrida en junio de 2017 entre empresarios, funcionarios del gobierno de Vidal y exagentes de la AFI, en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se trazaron estrategias para lograr el encarcelamiento de Medina.
Cuando dictó los primeros procesamientos, el juez Kreplak enfatizó que los hechos investigados no se iniciaron en la reunión llevada a cabo en las oficinas porteñas del Banco Provincia el 15 de junio de 2017 si no al menos unos 40 días antes durante una reunión realizada en Casa Rosada.
(Fuente: Télam)
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