La normativa, aprobada en noviembre de 2020, establece que las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, que se encuentren bajo la responsabilidad del Estado provincial, pueden contar con la obra social IOMA
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reglamentó la ley que incorpora a más de tres mil niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, que se encuentren bajo la responsabilidad del Estado provincial, como afiliados y afiliadas del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
La normativa fue promovida por la Asociación Civil de nuestra ciudad “Hogar Ángel Azul”, que desde hace más de dos décadas asiste a niñeces sin hogar en La Plata. La misma había sido aprobada por la Legislatura hace casi dos años, el 19 de noviembre del 2020, aunque todavía restaba reglamentarla.
Según consta en la reglamentación, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, será el órgano rector y de la afiliación y admisibilidad.
La ley, que lleva la firma de la diputada provincial ensenadense Susana González, modificó al artículo 16 de la ley 6982 para garantizar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de adoptabilidad y sin cuidados parentales el acceso efectivo a una cobertura de salud integral, siendo incorporados como afiliados obligatorios a la obra social del Estado bonaerense.
Hace dos años, previo a la sanción de esta legislación, en diálogo con Pulso Noticias la legisladora había señalado: “agregar dos renglones a un artículo le va a cambiar sustancialmente la vida a niños y niñas que están bajo la tutela del Estado provincial, que han sido abandonados por sus progenitores o retirados de sus hogares por situaciones de violencia o situaciones de abuso”.
Años de lucha
El camino para la aprobación de esta ley no fue sencillo, el proyecto fue presentado originalmente en 2018 pero el gobierno de Cambiemos decidió no tratarlo. Luego tuvo que atravesar un presupuesto prorrogado y otra urgencia como la que implicó la pandemia en materia de asignación de recursos para el sistema de salud. Finalmente, cuando estaba a punto de perder estado parlamentario pudo ser retomado y en noviembre del 2020 logró su concreción definitiva. Ahora, dos años después se alcanzó su reglamentación.
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