Tras el pedido del FMI de aumentar el precio de los combustibles, estalló en el país isleño un estado de insurrección general que provocó cerca de una decena de muertos y la renuncia del primer ministro
Por Mariano Fusé
Haití es un país castigado por la historia. A fines del siglo XVIII, se desató allí una violenta revolución de esclavos negros que consiguió romper las cadenas del imperalismo francés, tomar el poder y, en 1805, sancionar una constitución.
Sin embargo, a pesar de haber conseguido su libertad, el país nunca ha podido escapar de las influencias externas que lo desestabilizan una y otra vez.
Durante todo el siglo XIX fue hostigado por una Francia revanchista, que jamás pudo tolerar perder una colonia que, en aquellos tiempos, producía el 75% del azúcar del mundo. Estados Unidos también tuvo presencia en la isla; desde mediados del siglo XX militarizó la región y entre 1957 a 1971 instaló una cruenta dictadura encabezada por François Duvalier (Papá Doc), quien al morir fue sucedido por su hijo, Jean-Claude Duvalier (Baby Doc), quien se vio obligado a huir del país en 1986.
En el último cuarto de siglo, Haití ha sido escenario de siete intervenciones militares. La última se extendió de 2004 a 2017, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió llevar adelante una misión que se conoció como Minustah (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití). La misma implicó la intromisión de uniformados de Estados Unidos, Canadá, Francia y Chile, y tenía como finalidad aparente la de ayudar al gobierno de transición a establecer un entorno seguro y estable luego del golpe de Estado contra el presidente Jean-Bertrand Aristide. La ocupación se extendió por largos años, y es una prueba más de que Haití siempre ha sido contaminado por intensas influencias externas.
Organizaciones sociales haitianas y latinoamericanas han denunciado que las intenciones de la Minustah nunca se concretaron y que, además, sembraron en la isla un brote de cólera que dejó casi 10.000 muertos y cerca de 780.000 afectados
Según el renombrado epidemiólogo francés, Renaud Piarroux, quien dirigió una investigación en Haití en 2010, la epidemia se produjo por una cepa importada y se extendió desde una de las bases de la Minustah. El pueblo reaccionó ante esa información que fue negada por la ONU y se produjeron hechos de violencia que dejaron un saldo de dos muertos.
Como sucedió con la intervención de la ONU y como ha pasado numerosas veces su historia, es un nuevo detonador externo el que ha desatado el caos y la violencia desmedida en la isla durante el mes de julio.
El conflicto
En febrero, Haití llegó a una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de inyectar dólares a su pobre economía. A ese plan, se sumó recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que anunció la posibilidad de una inversión presupuestaria de 40 millones de dólares en el país.
Como la historia ha demostrado una y otra vez, las “ayudas” económicas de los organismos financieros internacionales siempre llegan a cambio de su influencia en las políticas internas de los países que reciben los créditos y en detrimento de su sobernía.
Uno de los pedidos del FMI para realizar el desembolso fue que se subiera el valor de los combustibles en Haití. El aumento fue anunciado en mayo, generando un fuerte rechazo por gran parte de la población, incluso desde sectores empresarios.
La medida se presenta como altamente perjudicial para las mayorías. Por un lado, porque el aumento es muy alto: 38% para el precio de la gasolina, 47% para el gasoil y 51% para el kerosén. Por el otro, porque en el país el suministro de gas es un raro lujo que pocos sectores pueden darse y la prestación de servicio eléctrico cubre solamente algunos centros urbanos, motivos que llevan a grandes sectores de la ciudadanía a utilizar el kerosén para cocinar e iluminar sus hogares.
Este último dato pone en evidencia el fuerte impacto que generaría un aumento del 51% en el kerosén en la economía nacional más pobre de América, en donde más de la mitad de sus 11 millones de habitantes viven con menos de 2 dólares al día.
Ante el anuncio de mayo, el pueblo reaccionó y la ejecución de los aumentos se dilató hasta este mes.
A principios de julio, se intentó implementar el nuevo cuadro de precios solicitado por el FMI provocando, alrededor de las 16 del viernes 6, el estallido de la agitación y el ingreso a un estado de insurrección general en la capital, Puerto Príncipe, que rápidamente se extendió a otras localidades del país: Cabo Haitiano, Les Cayes, Jérémie, Mowi, entre otras.
La población se movilizó, atomizada, nucleada en pequeños grupos, desorganizada y caótica. Atacaron hoteles, fábricas, saquearon supermercados y comercios, incendiaron vehículos, levantaron barricadas en las calles y la violencia lo invadió todo.
Tras el conflicto, el primer ministro, Jacques Guy Lafontant, hizo un llamado a la paz, solicitó el restablecimiento del orden e inmediatamente anunció que daba marcha atrás con la medida de aumento que, hasta el momento, se encuentra suspendida.
El saldo de los acontecimientos fue de casi una decena de muertos y la renuncia de Lafontant, quien abandonó su cargo el 14 de julio. Si bien la virulencia de las protestas ha mermado, el estado de convulsión se mantiene y el FMI continúa realizando gestiones para implementar un programa de ajustes en la magra economía haitiana.
Una vez más, como muchas veces en su historia, Haití es un barril de pólvora a punto de explotar y, a su alrededor, individuos sin rostro que habitan tierras lejanas malabarean con fuego.
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