Daiana Abregú murió en una comisaría de Laprida. De manera oficial se habló de un suicidio, pero el caso está plagado de irregularidades. Qué dijo la CPM
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó a la jueza de garantías Fabiana San Román, que ordene la reautopsia sobre el cuerpo de Daiana Abregú, la joven que murió en un calabozo de la comisaría de nuestra ciudad, el pasado 5 de junio.
Según el organismo, la autopsia ordenada por el fiscal Cristian Urlezaga se realizó “sin respetar los estándares internacionales mínimos de investigación en casos de muerte bajo custodia estatal”, así como “tampoco se realizaron radiografías ni fotografías completas ni filmaciones conforme a los protocolos vigentes, y no se completaron extracciones de piel que podrían dilucidar el origen de algunas lesiones que pueden observarse”, en el cuerpo de Daiana.
A pesar de esto y de otras pruebas en el expediente que obligan a profundizar la hipótesis del homicidio, el nuevo fiscal de la causa Juan Ignacio Calonje rechazó el pedido de reautopsia. En calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM que interviene como particular damnificado institucional en la causa, denunció estas irregularidades y reclamó a la justicia que se realice una investigación adecuada, eficaz y rápida para conocer la verdad de lo ocurrido.
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En la madrugada del pasado 5 de junio, Daiana Abregu fue detenida por una contravención menor de “alteración del orden público” y alojada en los calabozos de la comisaría de Laprida. Horas más tarde, estando bajo custodia estatal, la encontraron muerta en la celda con signos de ahorcamiento.
Un día después de la muerte, el titular de la UFI 7 de Olavarría, Cristian Urlezaga, ordenó la autopsia sobre el cuerpo de la joven sin controlar que se respeten los estándares mínimos, establecidos por la normativa internacional y la Constitución Nacional, con los que se debe realizar esta prueba. La causa penal quedó luego a cargo del fiscal Juan Ignacio Calonje de la Fiscalía especializada en violencia institucional del Departamento Judicial de Azul. A pesar de tratarse de una muerte en contexto de encierro, y de ser titular de una unidad teóricamente especializada en este tipo de delitos, Calonje siguió defendiendo la autopsia ordenada por el primer fiscal.
MARCHA EN NUESTRA CIUDAD
RECHAZO INFUNDADO
A pesar de todas estas falencias, el fiscal Calonje rechazó el pedido de reautopsia y defendió la primera autopsia bajo el argumento de que había sido realizada en la Asesoría Pericial de la Corte Bonaerense y que la médica autopsiante no pertenece a la fuerza de seguridad implicada en el hecho. Ninguno de los dos hechos alcanza, por sí solos, para que sean respetados los principios establecidos por el protocolo.
PEDIDO DE LE JUEZA
Ante la negativa del fiscal, la CPM le solicitó a la jueza de garantías de Azul Fabiana San Román que ordene con carácter urgente la realización de una nueva autopsia, respetando los estándares internacionales para este tipo de casos y con la participación de todas las partes. “Aplazar la realización de la misma puede devenir en un acto irreproducible, debido a que el paso del tiempo atenta contra la conservación del cuerpo de la víctima y las posibilidades reales de encontrar en su análisis respuestas a lo sucedido”, se advierte en el escrito.
Sobre la urgencia de esta medida, la CPM también expresó la preocupación por las condiciones endebles de preservación en que se encuentra el cuerpo de la joven: un depósito del cementerio municipal sin ser preservado en cámara de refrigeración. Al mismo tiempo se le requiere a la familia una urgente sepultura por falta de espacio para mantenerlo allí.
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IRREGULARIDADES EN EL CASO
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