El senador provincial Francisco Durañona presentó un proyecto ampliar las facultades de los gobiernos locales en lo referente al control de los acuerdos de precios, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y el Régimen de Abastecimiento
El senador provincial Francisco Durañona presentó el proyecto de Ley de Precios Justos en cada Municipio, que busca otorgarle a los gobiernos locales del territorio bonaerense la facultad para controlar y sancionar incumplimientos a los acuerdos de precios, a la Ley de Góndolas, a la de Promoción de la Alimentación Saludable (Etiquetado Frontal) y al Régimen de Abastecimiento.
La presentación pública de la iniciativa fue realizada el miércoles pasado en el Salón Armendáriz del Senado provincial, donde además del mencionado legislador intervinieron la Presidenta del Bloque de Senadoras y Senadores del Frente de Todos de la provincia, Teresa García, el senador provincial, Adrián Santarelli y la Presidenta de la Unión de Consumidores Argentina, Adriana Malek.
El rol de los Municipios
“Estamos en una época donde el rol de los municipios juega un papel absolutamente preponderante”, remarcó Durañona en la presentación del proyecto y señaló que no es viable implementar políticas públicas sin una “participación protagónica” de los mismos.
En ese sentido, afirmó: “La Provincia de Buenos Aires es una confederación de 135 Municipios que deben actuar de forma coordinada, dada su enorme extensión. No solo es el rol de los intendentes, sino también de todos los actores de los municipios. Es fundamental el acompañamiento y la participación de los sectores intermedios, de las distintas asociaciones que nuclean vecinos y vecinas, a partir de diversos intereses de la sociedad. Ni hablar del que está relacionado con el derecho de los consumidores y las consumidoras”.
Más facultades para controlar y sancionar
Según explicó el legislador, la intención del proyecto es “reglamentar la Ley de Defensa de los Consumidores que hoy está vigente en la Provincia, pero que ni esa Ley ni otra hasta hoy, le ha otorgado herramientas a los municipios para poder controlar, inspeccionar o sancionar cuando se detecten abusos, incumplimientos o ausencias en góndolas”.
En concreto, la iniciativa plantea modificar Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (Ley 13.133) incorporando un artículo referido explícitamente al control de la Ley Promoción de la Alimentación Saludable (Etiquetado Frontal) y al Régimen de Abastecimiento.
A su vez, plantea sustituir otro artículo (el 73º), actualizando el monto de las multas y llevándolas al rango que va desde los $10.000 a los $10.000.000 en el caso de las irregularidades más graves.
Además, se le agrega un inciso al artículo 77, determinando que “en contextos de emergencia declarada por autoridad competente” se considerará como falta grave “la infracción a los regímenes de protección de los consumidores, de alimentación saludable y de abastecimiento, en particular lo relativo a los acuerdos de precios y la violación de precios máximos que pudieran determinarse para situaciones de excepción”.
En ese marco, Durañona señaló: “Esto tiene que servir cuando un vecino de cualquiera de los 135 Municipios de la Provincia va a al supermercado o a un comercio de cercanía y detecta que hay un faltante de productos, ya sea que se esté incumpliendo la Ley de Góndolas o que hay desabastecimiento por especulación, o que un comercio de cercanía es afectado por un abuso que viene dado por la cadena de distribución, que muchas veces forma parte del sistema de concentración de los grandes monopolios o grandes cadenas de supermercados”.
“Es necesario que los municipios adquieran esas facultades que hoy solamente la tiene la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Es absolutamente imposible que una secretaría nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, que cuenta con menos de 20 inspectores pueda ocuparse de controlar e inspeccionar si están vigentes los acuerdos de precios, si están todos los productos del listado de precios acordados, que son casi 2.000”, afirmó.
A su vez, despejó las dudas que plantearon algunos jefes comunales en torno a la posibilidad de que los Municipios tengan que construir estructuras nuevas para poder hacer cumplir esta normativa: “qué mejor que los equipos de los municipios, que ya tienen tradicionalmente sus áreas de inspección, que controlan y visitan los comercios o supermercados por cuestiones de seguridad e higiene u otras materias que ya están vigentes, sumarle este tema que es central, vinculado con los precios. Es decir, no se requiere crear nuevas áreas en los Municipios, ni más burocracia”.
“Es central incorporar esta modificación al abanico facultades que tienen los gobiernos locales, que ya no son más los prestadores de servicios de alumbrado, barrido y limpieza. Hoy es ahí, en las comunas, donde se resuelven los problemas de las comunidades”, concluyó el legislador.
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