Así lo determinaron las pericias realizadas en Mar del Plata. “Alarma el accionar que a esta altura podemos calificar de sistemático, que implica hostigamiento, abuso del uso de la fuerza y el homicidio de adolescentes”, señalaron desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes
El peritaje balístico realizado sobre el arma perteneciente al policía Maximiliano González (25), acusado por el crimen en Miramar de Luciano Olivera, determinó que funcionaba correctamente.
Además, la vaina servida secuestrada en el lugar del hecho se corresponde con la pistola Bersa 9 milímetros utilizada por el efectivo detenido para cometer el homicidio.
Fuentes judiciales informaron a Télam que las pericias fueron realizadas esta mañana en el Instituto de Ciencias Forenses de Mar del Plata, dependiente del Ministerio Público, por orden de la fiscal de la causa, Ana María Caro.
La madre de la víctima había rechazado la versión de la defensa sobre que González no apuntó con su arma hacia el cuerpo de Luciano, aunque la llevaba montada.
“No existe la opción de que el arma se haya disparado sola. Y en caso de que existiera, viene todo mal desde arriba. Él lo estaba esperando con el arma en la mano. A la velocidad que venía Luciano, le dio tiempo a hacer todos los pasos que lleva disparar un arma”, afirmó la mujer.
“Alarma este accionar”
En este marco, La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes reclamó hoy al Estado nacional y estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a tomar “las acciones necesarias para evitar el accionar violento de las fuerzas de seguridad a su cargo contra las y los niñas, niños y adolescentes”.
“Estamos frente a casos de gatillo fácil, en tanto se trata de uso abusivo de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, que suele ser presentada por la policía como una acción accidental o de legítima defensa”, explicó la Defensoría en un documento emitido esta tarde, titulado “Terminar con el ‘gatillo fácil’ contra adolescentes en Argentina”.
Desde allí, la Defensoría convocó a las autoridades a avanzar en la puesta en marcha de programas como el PUFEAF (Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego), que comprometan a todas las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y departamentales o municipales, y reclamó el cumplimiento estricto de la Ley 26.290 sobre capacitación en materia de Derechos Humanos a las Fuerzas de Seguridad.
En el mismo documento, la Defensoría le pidió al Poder Judicial que investigue y esclarezca los hechos acontecidos y sancione a todos los funcionarios involucrados y responsables.
También convocó a aprobar y poner en marcha el “Protocolo de actuación para las fuerzas policiales y de seguridad en intervenciones con niños, niñas y adolescentes”.
“Alarma a esta Defensora el accionar que a esta altura podemos calificar de sistemático, que implica hostigamiento, abuso del uso de la fuerza y el homicidio de adolescentes”, expresa el comunicado firmado por la titular del organismo Marisa Graham.
En ese sentido, puntualizó que “al respecto desde la Defensoría sostenemos que no es relevante el debate sobre si se trata de “gatillo fácil” o de alguna otra denominación, lo que resulta inadmisible y urge resolver es el accionar concreto de las policías que en menos de un mes asesinaron a tres adolescentes en nuestro país en claras ejecuciones extrajudiciales”.
“Por cada caso que toma resonancia mediática por su brutalidad criminal, hay muchos otros de difícil captación y registración, basados en asedio por parte de las fuerzas de seguridad a las y los adolescentes en sus territorios”, completó.
(Fuente: Télam)
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