Garro busca aprobar el polémico Código Contravencional antes de las elecciones

El expediente obtuvo el visto bueno en la Comisión de Seguridad y ahora pasó a la de Legislación. Contiene fuertes sanciones a trabajos que se desarrollan en la vía pública como la venta ambulante, la recolección de cartones, el lavado de autos, la venta en los semáforos o el trabajo sexual. Además, afecta el derecho a la protesta al limitar los cortes de calle

Por David Barresi

Este jueves por la mañana se reunió la comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos del Concejo Deliberante para seguir tratando el polémico proyecto de reforma del Código Contravencional (denominado ahora Código de Convivencia) que impulsa el intendente Julio Garro.

Esta vez el bloque oficialista, con la presidenta de la comisión Romina Cayón a la cabeza, resolvió dar por terminado el proceso de análisis del expediente, dándole así despacho favorable. Ahora, el proyecto pasará a la comisión de Legislación, donde se espera un rápido tratamiento para que pueda ser finalmente votado en el recinto en la sesión del 3 de noviembre.

La iniciativa original fue presentada hace tres años, y cosechó diversos rechazos por parte de organismos de derechos humanos, gremios, vendedores y vendedoras ambulantes, trabajadores y trabajadoras cartoneras, trabajadoras y trabajadores sexuales, artistas callejeros, trabajadores y trabajadoras muralistas, y distintas organizaciones políticas y sociales.

Las razones del cuestionamiento estuvieron fundadas en que el proyecto establece severas multas para las manifestaciones, restringiendo el derecho a la protesta, como así también para la venta ambulante, y hasta prohíbe totalmente la tracción a sangre afectando el trabajo de cartoneros y recicladores. También penaliza la “oferta de servicios sexuales”; e incluye artículos que cuestionan el desempeño de los artistas callejeros, mientras que otros impiden directamente el trabajo de quienes lavan autos en la vía pública.

La versión original contenía además otros puntos cuestionados, que fueron modificados durante el tratamiento. El más polémico era la pena de arresto, que figuraba como sanción en varios de los artículos y había sido calificado de “inconstitucional” por la Defensoría del Pueblo Bonaerense y la Comisión Provincial por la Memoria, que participaron del debate en la comisión.

Los artículos que generan rechazo

El texto definitivo del proyecto de ordenanza mantiene la mayoría de los artículos que vienen siendo rechazados en diferentes protestas callejeras que se han realizado en los últimos tres años.

Entre ellos, se encuentran los artículos 115º y 119º, que penalizan con multas que pueden alcanzar hasta los $105.000 a aquellas personas que lavan o limpian automóviles en la vía pública como forma de subsistencia.

También se mantiene el 150º, que es el que afecta directamente el derecho a la protesta. El artículo prevé una sanción de hasta $350.000 a los responsables de protagonizar manifestaciones callejeras que “obstaculicen totalmente los carriles de circulación así como aquellos destinados al transporte público”.

“El Departamento Ejecutivo podrá habilitar una excepción a este supuesto, en los casos de manifestaciones multitudinarias en las cuales no sea posible otra alternativa”, matiza el texto, aunque de todas formas la prohibición es explícita y el criterio de la excepción quedará a cargo de la Municipalidad y la Justicia de Faltas.

A su vez, el artículo 92º penaliza otros modos de manifestación como es la quema de gomas, que puede ser sancionada con multas de hasta $700.000. En este punto, se agrava la pena si esta acción fuera encarada por “partidos políticos, Asociaciones gremiales, Asociaciones civiles, Organizaciones no gubernamentales, o agrupación de personas”.

En lo referido al trabajo sexual, si bien se quitó la prohibición total que figuraba en la norma original, de todas formas se mantiene la sanción cuando el mismo fuera ejercido “en los espacios públicos no autorizados”. El texto aclara que la Municipalidad definirá dónde se puede realizar y dónde no. La multa en este caso puede llegar hasta los $315.000.

En tanto, la venta ambulante de la que subsisten miles de familias en la ciudad, es penada en el artículo 219º con multas que pueden alcanzar los $525.000 y el decomiso de la mercadería. Además, también se sanciona en el artículo 223º a quienes ofrezcan “a viva voz de cualquier producto, o el empleo de adminículos sonoros destinados a llamar la atención del público”.

Por otro lado, se mantiene uno de los artículos -el 229º- cuestionados por las organizaciones que nuclean a cartoneras/es y recicladoras/es urbanos que utilizan “tracción a sangre” para poder trabajar, sancionando esta práctica con hasta $525.000.

También queda penada en el artículo 214º la venta de servicios “en el interior de vehículos, cuando estos se detengan en los semáforos”.  Esto afecta directamente a las personas que realizan venta ambulante en dichos puntos, aquellas que trabajan limpiando vidrios o también a artistas callejeros que se desempeñan en esos puntos de la ciudad. La sanción puede alcanzar en este caso los $350.000.

En otro orden, también el “Código de Convivencia” pena la colocación de pasacalles, pancartas y hasta la distribución de panfletos publicitarios masivos (artículo 207º), es decir, todas prácticas más que usuales por la ciudadanía, sobre todo en época de elecciones ya que son estrategias que utilizan todas las coaliciones políticas (incluido el propio oficialismo).

De la misma forma, el artículo 205º sanciona la realización de “todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o similares) o bien rayara la superficie” de cualquier elemento del espacio público, situación que también pone en tensión expresiones de protesta social.

Por fuera de estos puntos fuertemente cuestionados, el proyecto incluye aspectos que no estaban contemplados en el actual Código de Faltas, como la sanción al acoso callejero, al maltrato animal, o a los daños que se ocasionaren durante festejos del “último primer día”.

De la misma forma en que ocurrió desde que la iniciativa se presentó, se esperan nuevas movilizaciones de rechazo de los sectores afectados ante la posible aprobación de la norma, que la gestión del intendente Garro pretende tener cocinada para principios de noviembre, en la antesala de las elecciones legislativas.

Para leer el texto completo del proyecto, hacé click acá.

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