El presidente eludió la discusión en el Congreso y usará a los militares para acciones de seguridad interior. Se hará hincapié en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Polémica con los organismos defensores de los Derechos Humanos
A través del Decreto 683/2018, el presidente Mauricio Macri avanzó hoy en su intención de reformar las tareas de las Fuerzas Armadas, permitiendo de esa manera que los militares tengan a partir de ahora tareas que vayan más allá de “cualquier agresión externa”, y puedan ser utilizadas por ejemplo en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional.
(Ver Decreto: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/188532/20180724)
Ya en el primer artículo del decreto, se sostiene que “las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.
Entre los fundamentos de la norma, que además de la firma del primer mandatario, lleva las rúbricas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Defensa, Oscar Aguad, se afirma que tanto el Ejército, como la Armada y la Fuerza Aérea “conforman el Instrumento Militar de la Defensa Nacional, el cual deberá concebirse como una única instancia integradora de las formas y modalidades de acción propias de cada una de esas fuerzas”.
Con esta acción, el Ejecutivo sustituye el artículo 1° del decreto 727 estableciendo que las Fuerzas Armadas en el caso de las misiones establecidas en la Ley de Seguridad Interior, el Ministerio de Defensa “considerará como criterio para las previsiones estratégicas la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad”.
De esta manera se modifica el decreto 727/06 emitido durante el gobierno de Néstor Kirchner, y se deroga el decreto 1691 de noviembre de 2006. La misión primaria del Instrumento Militar “consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa”, sostiene el texto oficial. En ese marco, el Sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos.
La polémica normativa se oficializó sin discutirse en el Congreso, lo que abrió duras críticas por parte de la oposición, que advierten que el Palacio de las leyes está siendo dejado de lado en cuestiones centrales como la Defensa y el curso de la economía como lo que tiene que ver con la nueva toma de deuda en el arreglo conseguido por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior exige la modificación de tres leyes piramidales de la democracia argentina: Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Sin ello es ilegal. Por lo tanto el debate debe pasar por el Congreso de la Nación”, reaccionó el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) y exministro de Defensa, Agustín Rossi, tras conocerse el anuncio.
Además, las críticas más grandes a este accionar oficial provienen de los organismos defensores de los Derechos Humanos, que ven que con esto lo único que se quiere lograr es la participación de los militares en tareas de represión interna para apaciguar a través de las armas los diferentes conflictos que se han desatado a lo largo y ancho del país producto de la grave crisis económica que atraviesa la Argentina.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que conduce el periodista Horacio Verbitsky, salieron a expresar su rechazo a la normativa por considerar que “con la excusa de combatir al narcotráfico y al terrorismo se busca expandir el rol de las fuerzas armadas, algo que cuando se hizo en la Argentina tuvo trágicas consecuencias”.
Para el organismo, este paradigma de las “nuevas amenazas” construye enemigos internos y “aumenta la violencia”, y vinculó este hecho con la “represión de la protesta social” y el uso de la inteligencia militar para el espionaje interno. “Involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pone en riesgo su gobierno civil y los Derechos Humanos”, sentenció el CELS.
Idéntica posición se mantiene desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que solicitó al presidente Macri que deje de lado esta clase de reformas y que se mantenga la separación entre Seguridad y Defensa, porque al unirse todo en un solo tema “corre riesgo la calidad institucional de la Argentina”.
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