El peligro de las Fuerzas Armadas custodiando la seguridad interior

El presidente Mauricio Macri anunció un plan de reconversión de las FFAA que incluye la participación del Ejército “brindando apoyo logístico en zonas de frontera” y con la custodia y protección “de objetivos estratégicos”. La Argentina desprotegida

“La Argentina necesita Fuerzas Armadas que sean capaces de enfrentar los desafíos y amenazas del siglo XXI, como el narcotráfico y el terrorismo internacional”, afirmó esta mañana el presidente Mauricio Macri en Campo de Mayo, abriendo de esta manera la incursión de las FFAA para actuar en Seguridad Interior.

Desde el regreso de la democracia en 1983 y tras el funesto paso que dejó la última dictadura militar, la Argentina ha venido llevando adelante un proceso de separación entre seguridad interna y defensa y la prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos políticos internos a través de leyes como la de Defensa Nacional de 1988, de Seguridad Interior de 1991 y de Inteligencia Nacional de 2001. Todo esto, a partir del anuncio de Macri, se deja de lado y se pasa a un nuevo paradigma en materia de seguridad.

A partir de ahora las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Seguridad participarán de la custodia y protección de objetivos estratégicos; se establecen nuevos parámetros de amenaza a los intereses de la Nación y sus correspondiente riesgos presentes y futuro; se habilita a las FFAA en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico; y según el ministro de Defensa Oscar Aguad, se creará una fuerza de despliegue rápido de 10.000 efectivos que se trasladarán a las fronteras para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad.

El pasado más concreto que existe en nuestro país con los militares trabajando en la seguridad interior, fue el Decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975, donde el gobierno de Isabel Perón tomaba acciones concretas desde el punto de vista militar apara “aniquilar” el poder de fuego que venía teniendo el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la provincia de Tucumán. En octubre de ese mismo año, Ítalo Argentino Líder, que reemplaza temporalmente a la viuda de Perón en la presidencia, dictó los decretos 2770/75, 2771/75 y 2772/75, con los que buscaba “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, que se iniciara con el Operativo Independencia, en suelo tucumano.

Hoy se repite en forma similar la misma historia donde el Comando Sur de los Estados Unidos vuelve a meterse de lleno en las políticas de seguridad de los países subdesarrollados como es el caso de la Argentina, con la construcción de una base militar estadounidense en la provincia de Neuquén y armando en forma conjunta planes de seguridad interior con los ministerios de Defensa y de Seguridad de la Nación, que incluía entre otros puntos, la participación de las Fuerzas Armadas para combatir el delito interno.

Basta mencionar que en los últimos meses la introducción de fuerzas de seguridad a combatir el delito interior que debe realizar las diferentes Policías, ha llevado a un incremento de la represión. Eso se pudo ver con la desaparición forzada y posterior muerte de Santiago Maldonado en donde intervino Gendarmería Nacional; el asesinato por la espalda con balas de Prefectura Naval Argentina de Rafael Nahuel en Bariloche; la detención de un fotógrafo de La Garganta Poderosa por parte de personal de Prefectura entrando por la fuerza y en forma ilegal a su domicilio; la represión por parte de Gendarmería a niños de una murga en la villa 1-11-14 en el barrio porteño de Flores; entre otros temas, que han puesto el manejo de las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia interior en el centro de la escena.

Pérdida de soberanía

En un trabajo realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) llamado “Involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior es desprofesionalizarlas y poner en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos”, se sostiene que todos los ejemplos de los países latinoamericanos que han optado por esta reasignación de misiones “han fracasado en cumplir con su objetivo y han sumado numerosas denuncias por abusos a los derechos humanos”.

Para muchos analistas, reincorporar a las Fuerzas Armadas a la discusión política diaria significa una seria regresión para la joven democracia nacional, que ve cómo de esta manera se retrocede en materia de Derechos Humanos y se pone a la Argentina al borde de una desprotección social muy grande poniendo en riesgo la salud institucional del país.

En diálogo con Pulso Noticias la experta en temas de Defensa Nacional, Elsa Bruzzone, señaló que “esto no ayuda en lo más mínimo a solucionar el grave déficit en materia de Seguridad Interior que tiene la Argentina. La clase política no termina de comprender lo que debe hacerse y se cae en paliativos que no van al meollo del asunto, atacando siempre las consecuencias y no las causas de los problemas. Las Fuerzas Armadas no fueron creadas para la Seguridad Interior, con este proyecto se vuelven a equivocar”.

Para la conocedora en temas de Geopolítica y Estrategia militar, “para saber qué proyecto de país hay basta con mirar a las Fuerzas Armadas para darse cuenta hacia donde apunta ese proyecto y hacia donde apunta ese país. Tarde o temprano se va a tener que debatir qué clase de Nación se quiere ser, si se quiere ser una nación libre, independiente, autónoma y soberana o quiere ser una colonia y sin tener soberanía. Ahora evidentemente se está tendiendo a este segundo ítem”.

La especialista se preguntó además si las autoridades habrán estudiado el ejemplo de otros países de la región en donde se trabajó con este tipo de modelos. “En toda Latinoamérica pocas políticas han dado peores resultados que la participación de las Fuerzas Armadas para reprimir el narcotráfico. Esto solo hizo que el negocio se expandiera hacia el interior de las fuerzas y que los Derechos Humanos sufrieran grandes abusos”, sentenció Bruzzone.

El proyecto oficial de incorporar a las Fuerzas Armadas para custodiar la Seguridad Interior ya abrió la polémica en la sociedad por los peligros que esto representa para la vida democrática argentina, desprotegiendo a los ciudadanos y encarnando una posible vuelta a un pasado autoritario al que nadie quiere volver.

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