Desde militantes del Partido Obrero hasta afiliados al Suteba, figuran como aportantes al oficialismo en las campañas de 2015 y 2017. María Eugenia Vidal sumergida en su propio laberinto político
El trabajo de investigación periodística realizado por el periodista Juan Amorín para el portal web El Destape, titulado: “Cambiemos puso a beneficiarios de planes sociales como aportantes de campaña”, sigue generando controversias en el oficialismo tras conocerse nuevos datos que ponen sobre el tapete el manejo de dinero espurio en épocas de elecciones.
Al comienzo se vio cómo desde la esfera del oficialismo se utilizó a personas de bajos recursos económicos que viven en barrios carenciados y que dependen de un plan social para su subsistencia, como los principales aportantes a las campañas políticas de los años 2015 y 2017. Ahora, se conocieron nuevos datos que van más allá y se muestra cómo se usó toda una estructura ilegal para hacer pasar por valedero dinero para Cambiemos proveniente de militantes de otros partidos políticos e incluso de sindicatos que vienen combatiendo el modelo político iniciado hace poco más de 31 meses.
Ahondando un poco más en las cifras y aportantes de las campañas anteriores, se puede ver cómo 76 personas afiliadas al Partido Justicialista hicieron 163 aportes por $1.211.700, logrando así que hasta la oposición haya financiado al armado oficial en las últimas dos elecciones.
Lo mismo sucedió con 10 aportantes afiliados al Frente Renovador, que efectuaron 26 aportes por $204.200; 8 hombres referenciados en el GEN de Margarita Stolbizer, que hicieron 18 aportes por $99.300; 3 afiliados al Movimiento Libres del Sur con 6 aportes por $47.750; y hasta 2 aportantes del Partido Obrero que habrían dado 4 aportes por $33.000.
Lo insólito también se da por el hecho de que se habría afiliado compulsivamente a 20 docentes militantes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) que habrían aportado una cifra superior a los $30.000, lo que tensa aún más la frágil relación existente entre el gobierno con el gremio que conduce Roberto Baradel.
Todos estos hechos han llevado a que la propia gobernadora María Eugenia Vidal sea investigada en la Justicia por la presunta comisión de los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación de secretos y privacidad.
Esta situación inquieta a la mandataria provincial y a los principales resortes políticos de Cambiemos, que ven cómo este escándalo ha mellado su relación con la sociedad, disminuyendo en gran forma en las encuestas y que pone al oficialismo entre la espada y la pared por haber fallado en uno de sus discursos centrales para los electores, como lo es el de la honestidad y la transparencia.
Vidal queda así sumergida en un laberinto político de impredecibles características, y que deja al oficialismo muy mal parado de cara a las elecciones del año que viene, perdiendo poder en su base electoral, abriendo así un escenario político plagado de incertidumbres para lo que vendrá en suelo bonaerense.
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