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viernes 19-08-2022

Código Contravencional: el Municipio plantea modificaciones sobre el trabajo sexual

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El oficialismo modificó la propuesta original del nuevo Código de Convivencia: ahora plantea pasar de una prohibición total de la actividad a una restricción parcial. De fondo, un nuevo intento por relocalizar la zona roja

El viernes pasado se volvió a reunir la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos del Concejo Deliberante, que preside la concejala Romina Cayón (Juntos por el Cambio), para continuar abordando el polémico proyecto de Código de Convivencia a través del cual la gestión de Julio Garro busca modificar el actual Código Contravencional.

Una de las principales novedades informadas por la presidenta de la comisión fue una nueva modificación de la propuesta original –presentada en 2018, y que desde entonces viene cosechando rechazos desde distintos sectores– en el artículo que se refiere al trabajo sexual.

Cayón primero hizo referencia a la Ley 15.041, sancionada en 2018, que deroga el artículo 68 del Código de Faltas de la Provincia (el que prohibía la oferta de servicios sexuales). Es decir, en territorio bonaerense ya no hay prohibición alguna. De hecho, una de las críticas que había recibido la propuesta original de Juntos por el Cambio era que prohibía una actividad que a nivel provincial no lo estaba.

Ahora, el oficialismo propone en el texto del Código pasar de la prohibición total de la actividad a una prohibición parcial. Según la nueva redacción del artículo, sólo se busca prohibir la oferta de servicios sexuales “en los espacios públicos no autorizados” y dispone que el Departamento Ejecutivo será el encargado de reglamentar “los lugares y condiciones, donde se permitirá el ejercicio de la actividad”.

El Subsecretario de Gobierno municipal, Nicolás Morzone (ahora también precandidato a Consejero Escolar), detalló: “hemos ido hacia una prohibición parcial tomando tres criterios: el respeto y la reivindicación del trabajo sexual; otro ligado a la libertad y al desarrollo de esta actividad en la gran mayoría de las ciudades del mundo, en donde todas en términos de planificación estratégica urbana tienen específicamente una zona asignada de la ciudad para llevar adelante todo lo ligado a este trabajo, al servicio sexual legal; y el tercer criterio es que ya hay legislación provincial vigente que no considera esta actividad de carácter ilícita o prohibida. El criterio va a hacia una relocalización y la prohibición en aquellas zonas no permitidas”.

La palabra relocalización clarificó la orientación de fondo de la gestión de Garro: sacar a la zona roja del barrio El Mondongo. “El Intendente va a poder geolocalizar y determinar cuál va a ser la zona de la ciudad en donde se pueda llevar adelante esta práctica con total libertad, seguridad y garantía de todas las medidas de higiene y de protección especialmente para las trabajadoras sexuales”, dijo el funcionario.

“No quiero que pase por alto que hicimos una modificación en ese artículo”, afirmó Cayón y puntualizó: “Esto tiene el espíritu y el impulso de poder solucionar la situación del barrio El Mondongo”.

Territorio en disputa

El intento por desplazar a las trabajadoras sexuales de ese barrio no es nuevo y trasciende esta gestión municipal. Sin embargo, durante el gobierno de Garro, los conflictos se han incrementado. Sin ir más lejos, en marzo pasado la Municipalidad buscó prohibir el Primer Carnaval Travesti/Trans de la Provincia, que finalmente se realizó en Plaza Matheu, donde entre otros reclamos se puso en primer lugar el pedido de cese de la persecución al sector y el reclamo por la implementación efectiva del Cupo Laboral Trans/Travesti.

De hecho, la comuna primero había autorizado la realización de la actividad cultural, pero luego, a pedido de un grupo de vecinos nucleados en la autodenominada Asamblea Barrio Mondongo, intentó prohibir lo que ya había avalado. Es justamente este sector el que pide constantemente que desplacen a las trabajadoras sexuales.

En una nota publicada en 2019 que abordaba el debate sobre la zona roja, le abogade Aramis Lescano explicaba a Pulso Noticias que se trata de un territorio “controlado y gestionado por la Policía para la venta de drogas a partir del año 2012 – 2013”, pero la mencionada Asamblea ha demandado políticas de seguridad poniendo el foco de los problemas en “quienes ocupan los eslabones visibles, riesgosos, no violentos e intercambiables en las redes de comercialización de drogas y no en la Policía, que se encarga de permitir, pautar y gestionar escenarios y prácticas delictivas”.

“Las estrategias del Estado implementadas -agregaba Aramis- no han tocado la caja ni la estructura montada por la Policía”, ni han abordado las “alternativas de trabajo para las chicas trans y travestis”. Para le abogade, “es un problema de análisis y diagnóstico. A su vez, es rentable para quienes gestionan las políticas de seguridad, ya que permite apuntar a chivos expiatorios y redefinir y consolidar el rol de la Policía en la gestión diferencial del delito”.

Por su parte, la activista transfeminista y referente de AMMAR en la región, Valentina Pereyra, señalaba hace un mes a este medio: “Nos cuesta mucho generar un canal de diálogo con el Municipio. Y en estos casos se ve. Se quiere volver a debatir algo sin nosotras, sin la parte damnificada. Es fundamental poder ocupar y estar en esos lugares para dar el debate desde adentro. Porque nunca pudimos generar un canal de diálogo para formar parte de ese debate sobre el Código, que habla de nosotras pero sin nosotras”.

En tanto, desde Venganza Afectiva, otro espacio que nuclea a activistas de la disidencia sexual, habían expresado –durante el conflicto por el Carnaval– que el hostigamiento municipal “se suma a la violencia policial, a las detenciones arbitrarias, allanamientos y armados de causas que vivimos diariamente y que se han incrementando en el último tiempo, agudizando nuestra situación de vulnerabilidad social y marginalización”.

Tanto en este año, como en el 2020, los reclamos ante esta situación de vulnerabilidad se expresaron a través de movilizaciones en las calles de la ciudad. Las últimas fueron enmarcadas en el reclamo de justicia por el asesinato de una trabajadora sexual, Soraya, ocurrido en plena zona roja, de la misma forma que el año pasado ocurrió otro crimen de odio, que se llevó la vida de Roberta.

En este contexto, marcado por situaciones de extrema complejidad para las trabajadoras sexuales que se desempeñan en la zona roja, dentro del Concejo Deliberante avanza este proyecto que las alude en forma directa. La Comisión de Seguridad se volverá a reunir en quince días, y desde el oficialismo esperan que el proyecto de Código de Convivencia siga avanzando en su tratamiento.

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